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Representantes de distintas provincias, entre ellas Tierra del Fuego, participaron de un encuentro encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, donde se analizó el impacto de la Ley Nacional Nº 27.802. El eje central fue el rechazo a la quita de atribuciones en materia laboral a las jurisdicciones provinciales.
La reunión se desarrolló en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y contó con la presencia de ministros de Trabajo y referentes sindicales de todo el país. En representación de Tierra del Fuego, participó la ministra Sonia Castiglione, junto a funcionarios de otras provincias y dirigentes de centrales obreras.
Durante el encuentro, se abordaron al menos 13 puntos críticos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, los cuales —según coincidieron los participantes— implican una pérdida de competencias y atribuciones provinciales en materia de fiscalización y control del trabajo.
El gobernador Axel Kicillof fue uno de los principales oradores y cuestionó con dureza la iniciativa. “Existe un intento claro de suprimir facultades de las provincias; lo que están haciendo es inconstitucional y vulnera la autonomía de las jurisdicciones”, afirmó. Además, sostuvo que la medida apunta a una degradación de los derechos laborales.
En la misma línea, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, destacó la importancia de la articulación federal frente al avance de la normativa. “Las provincias elegimos el camino de la construcción conjunta para defender nuestras facultades y los derechos de los trabajadores”, expresó.
Como resultado del encuentro, se firmó un documento en el que se manifiesta la preocupación por posibles violaciones a la Constitución Nacional y provinciales, al tiempo que se reafirma el compromiso de las jurisdicciones de defender sus competencias frente a cualquier intento de vulneración.
El cónclave también reunió a importantes dirigentes sindicales, quienes respaldaron la postura de las provincias y coincidieron en la necesidad de sostener un bloque federal que resista los cambios impulsados a nivel nacional.
De esta manera, Tierra del Fuego se sumó al grupo de provincias que buscan consolidar una estrategia común para enfrentar los efectos de la reforma laboral y proteger los derechos de los trabajadores en todo el país.
