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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la decisión de despedir a 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional y cuestionó el funcionamiento del organismo al considerar que mantiene “métodos obsoletos”.
En declaraciones públicas, el funcionario sostuvo que “los millones de dólares anuales que requieren esos sueldos es dinero que pagan otras familias”, en referencia al gasto estatal destinado al organismo científico.
En ese marco, Sturzenegger planteó que el sistema podría modernizarse mediante estaciones automáticas y afirmó que “la tecnología de precisión podría funcionar con apenas el 15% del personal actual”.
El ministro también remarcó que estas estaciones permitirían operar sin intervención humana constante, señalando que “el absurdo es que los sueldos de esas personas permitirían pagar la mejor estación automática disponible a nivel mundial”.
Sin embargo, desde el propio Servicio Meteorológico Nacional advirtieron sobre el impacto de los recortes y alertaron por una posible afectación en la capacidad operativa del sistema de pronósticos.
La presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, Carla Gulizia, sostuvo que el país podría enfrentar un escenario crítico al señalar que el organismo está “a punto de perder un pilar estratégico de su defensa nacional y la seguridad de sus ciudadanos”, y describió la situación como un posible “colapso operativo de un organismo científico técnico con más de 153 años de historia”.
En paralelo, desde el sector gremial informaron que se dispuso un paro en el organismo en rechazo a los despidos, aunque la medida fue cuestionada por el Gobierno, que la consideró “ilegal”.
La delegada de ATE en el SMN, Ana Saralegui, advirtió que la reducción de personal puede debilitar los sistemas de alerta temprana y afirmó que “la población queda indefensa” ante fenómenos climáticos extremos.
Por su parte, el Gobierno nacional sostiene que el proceso de reestructuración apunta a modernizar el sistema meteorológico y mejorar la eficiencia del Estado, en el marco de una política de reducción del gasto público.
