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El secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, Daniel Rivarola, confirmó la presentación de un amparo judicial contra la Ley N° 27.802, al considerarla “regresiva” para los trabajadores. La acción busca que se declare su nulidad, inconstitucionalidad y anti-convencionalidad.
En declaraciones recientes, Rivarola detalló que la presentación se realizó el 16 de marzo de 2026, con el objetivo de frenar una normativa que, según sostuvo, “reduce derechos individuales y colectivos, abarata el despido, flexibiliza la jornada laboral y debilita la negociación sindical”.
El dirigente mercantil explicó que la iniciativa se fundamenta en que, bajo el argumento de la modernización, la ley “solo precariza el empleo, limita indemnizaciones y no fomenta la formalización ni la creación de empleo”. En ese sentido, advirtió: “Modificar el cálculo indemnizatorio, fraccionar las vacaciones, crear un banco de horas que modifica la jornada laboral, modificar la negociación colectiva para debilitar a las entidades sindicales y coartar la libertad sindical, solo demuestra el retroceso que pretende la ley”.
En un contexto económico complejo, Rivarola remarcó la preocupación del sector: “Estamos atravesando momentos muy difíciles para sostener el empleo. Los despidos y la precarización del empleo no encuentran ninguna solución con esta ley”, y agregó que la normativa “pone al trabajador en una situación más débil que antes de su aprobación”.
Además, fue contundente al señalar que la legislación “desprotege al obrero, lo pone aún más de rodillas, quita derechos obtenidos a través de los años con lucha y negociación”. También cuestionó la derogación de estatutos específicos y el encuadre del trabajo en plataformas: “Desconocer como relación laboral el trabajo en plataformas demuestra el poco interés en la protección de trabajadores hoy informales”.
En cuanto al avance judicial, el titular del CEC explicó que la jueza interviniente dispuso dar intervención al fiscal federal y, posteriormente, resolvió la remisión del expediente: “Declárase la incompetencia de este Tribunal… remítanse las actuaciones al Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, repasó.
Rivarola aclaró que el amparo fue “recibido y aceptado”, y que ahora tramita junto a una causa colectiva impulsada por la CGT, aunque con diferencias sustanciales. “A diferencia de este, en nuestro amparo agregamos el rechazo a la derogación de estatutos profesionales y regímenes especiales (…) y además, el rechazo al régimen para las plataformas tecnológicas”, subrayó.
Finalmente, el dirigente concluyó: “Esperamos con esta presentación la declaración de inconstitucionalidad de esta Ley, en defensa de los trabajadores de nuestro sector y del trabajo en general”.
