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En una decisión que marca diferencias dentro del oficialismo, Victoria Villarruel avanzó con una recomposición salarial en el Senado, desoyendo el mensaje de ajuste del presidente Javier Milei, quien ratificó que “la motosierra no se detiene”. La medida impacta en miles de trabajadores legislativos y expone tensiones en la conducción política.
La decisión fue comunicada a través de un documento firmado por el área de Recursos Humanos del Senado, donde se oficializó la creación de un adicional por módulos destinado a las categorías más altas del escalafón. Según se explicó, el objetivo es reordenar la estructura salarial y corregir distorsiones acumuladas en los últimos años.
El beneficio alcanza a más de 2.500 trabajadores, con salarios que van desde aproximadamente $1,3 millones hasta $2,6 millones brutos. Sin embargo, el impacto del aumento es desigual: mientras los cargos más altos reciben incrementos significativos, las categorías más bajas perciben mejoras mucho menores.
Desde el entorno de la Vicepresidenta señalaron que la medida busca compensar el achatamiento salarial generado por adicionales previos. A su vez, aclararon que no afecta las dietas de los senadores, limitándose exclusivamente al personal administrativo.
La decisión generó ruido político dentro del oficialismo. En la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, optaron por no replicar la medida. Desde ese sector argumentaron que los aumentos no están alineados con los lineamientos del Ministerio de Economía y cuestionaron la lógica del reparto, al considerar que beneficia en mayor medida a los cargos más altos.
El trasfondo del conflicto se da en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo. Según datos difundidos por trabajadores legislativos, desde diciembre de 2023 los salarios quedaron muy por detrás de la inflación acumulada, registrando una pérdida cercana al 45% del poder de compra.
Así, la decisión del Senado no solo implica una mejora puntual, sino que también expone las tensiones internas en torno a la política salarial y el alcance del ajuste en el sector público.
