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La muerte de Ángel López, el niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, provocó una fuerte conmoción y un giro en la investigación judicial. Tras confirmarse que presentaba traumatismos previos, la Justicia ordenó la detención de su madre y padrastro, este último con antecedentes violentos y una restricción de acercamiento en Tierra del Fuego.
El avance de la causa se produjo luego de que la autopsia preliminar revelara que el menor tenía lesiones en la cabeza y signos de violencia que datarían de al menos 10 días antes de su muerte. Este dato resultó determinante para que la fiscalía ordenara la detención de Mariela Altamirano y su pareja, Michael González.
Ángel había sido trasladado el 5 de abril al hospital de Comodoro Rivadavia tras descompensarse en la vivienda donde se encontraba bajo cuidado materno. Ingresó con paro cardiorrespiratorio, en estado crítico, y falleció dos días después pese a los esfuerzos médicos.
De acuerdo a la historia clínica, el niño llegó inconsciente, sin responder a estímulos y con signos de extrema gravedad, por lo que fue sometido a maniobras de reanimación, ventilación asistida e intubación de urgencia.
Uno de los elementos clave fue que los paramédicos dejaron constancia de un “antecedente de traumatismo previo”, lo que puso en duda la versión inicial de la madre, quien había afirmado que el menor se descompensó mientras dormía.
En este contexto, también se conoció que el padrastro contaba con antecedentes de violencia y una restricción de acercamiento en Tierra del Fuego, un dato que suma gravedad al caso y abre interrogantes sobre los antecedentes del entorno del niño.
Con las pruebas reunidas, ambos serán imputados por homicidio agravado por el vínculo, mientras la Justicia aguarda los resultados finales de la autopsia para avanzar en la causa.
Por su parte, el padre biológico del menor presentó una denuncia ampliada en la que señala que la muerte “no fue un hecho aislado”, sino una situación que podría haberse evitado, apuntando también a posibles fallas en los mecanismos de protección estatal.
La investigación continúa en curso, en medio de un caso que expone indicios de violencia previa, contradicciones y responsabilidades aún por determinar.
