Sin sueldos ni respuestas: se agrava el conflicto de los trabajadores PPD en Mirgor

Trabajadores del Grupo Mirgor hicieron pública su situación a través de una carta difundida en redes sociales, donde denunciaron la crítica situación de los empleados bajo modalidad PPD, la falta de pago de salarios durante meses y el abandono sindical por parte de la UOM, en un conflicto que vuelve a poner en debate este tipo de contratación.

El reclamo se hizo visible el 9 de abril mediante una carta abierta, difundida en redes sociales, donde trabajadores bajo la modalidad de Personal de Prestación Discontinua (PPD) expusieron una situación límite que afecta a 227 familias.

“Llevamos 4 meses sin percibir un solo peso de sueldo”, señalaron, describiendo un escenario de incertidumbre total mientras, según denunciaron, el gremio “mira hacia un costado” frente al conflicto.

Los trabajadores apuntaron directamente contra la representación sindical al sostener que “es inadmisible que la representación sindical esté más ocupada en hacer política”, en lugar de resolver una problemática que aseguran arrastran desde hace más de una década.

Uno de los puntos más críticos expuestos es la situación administrativa: “Estamos legalmente activos, pero financieramente abandonados”, afirmaron, lo que les impide acceder a asistencia estatal pese a no contar con ingresos.

Según relataron, la falta de recursos obligó a algunos empleados a renunciar a sus puestos de trabajo mediante acuerdos informales, perdiendo así su fuente laboral. En ese contexto, exigieron la “efectivización inmediata” y el fin de la precarización.

El conflicto también reabre el debate sobre la legalidad de la modalidad PPD. En 2025, un fallo de la Cámara de Apelaciones de Río Grande consideró que este tipo de contratación puede constituir una “simulación contractual y abuso de derecho”, al desnaturalizar el vínculo laboral.

La modalidad PPD tiene origen en acuerdos firmados en 2010 entre la UOM y AFARTE, que establecieron condiciones específicas para este tipo de contratación, incluyendo períodos mínimos de trabajo y aportes destinados a la obra social.

Sin embargo, el esquema fue cuestionado por su impacto en la estabilidad laboral y las condiciones de los trabajadores, quienes denuncian un ciclo de endeudamiento e ingresos intermitentes.

Además, la situación plantea interrogantes sobre la relación entre sindicatos y empleadores, en el marco de la Ley de Asociaciones Sindicales, que busca garantizar la autonomía sindical y evitar influencias indebidas.

Mientras tanto, los trabajadores insisten en su reclamo: “No queremos más promesas vacías ni política partidaria: queremos estabilidad”, concluyeron, exigiendo soluciones urgentes ante un conflicto que sigue sin respuesta.