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Un pedido de acceso a la información pública formalizado ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) reclama transparencia sobre la gestión del Puerto de Ushuaia desde la intervención federal iniciada en enero de 2026. La solicitud apunta a reconstruir de manera integral la administración de recursos, contrataciones, operatoria y controles, ante denuncias de falta de transparencia y posibles restricciones a terceros.
El pedido presentado ante la ANPyN exige conocer la nómina completa del personal contratado o designado desde el 1 de enero de 2026, incluyendo modalidad de contratación, funciones, dependencia jerárquica, remuneraciones y fechas de inicio de pago.
Asimismo, se solicita información sobre eventuales restricciones al ingreso y permanencia en el puerto, tanto de trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos como de contratistas, proveedores y otros actores, indicando directivas, alcance y fundamentos legales.
La presentación también requiere un listado de empresas autorizadas a operar en el puerto, con detalle de actividades, fechas de habilitación y plazos de vigencia, para transparentar quiénes intervienen actualmente en la operatoria portuaria.
En materia económica, se reclama un desglose completo de ingresos desde el 1 de enero de 2026, discriminados por concepto, origen y fecha, junto con comprobantes, facturas, notas de crédito y débito y los recibos correspondientes, incluyendo destinatarios, montos y formas de pago.
Además, se exige información sobre el estado de cuentas corrientes de los clientes, servicios pendientes de facturación y comprobantes aún no cancelados, con el objetivo de reconstruir el circuito de facturación y cobro dentro del puerto.
En cuanto a las erogaciones, se solicita un detalle completo de pagos, contrataciones y gastos realizados con fondos de la cuenta informada a los operadores portuarios, incluyendo saldos y movimientos bancarios al 31 de enero y al 24 de marzo de 2026, así como los movimientos de la cuenta en el Banco Nación a nombre de la Administración General de Puertos.
También se requiere información sobre los gastos operativos necesarios para el funcionamiento del puerto, como servicios, mantenimiento, seguridad y logística, con proveedores, montos y fechas.
En el ámbito operativo y de seguridad, el pedido incluye registro de arribos y partidas de embarcaciones desde el 21 de enero de 2026, incidentes ocurridos en las instalaciones y actuaciones ante Prefectura Naval.
Se solicita, además, información sobre la articulación institucional tras la intervención, incluyendo la convivencia con competencias provinciales y la eventual afectación a terceros.
Finalmente, la solicitud exige acreditar el cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP), con planes de protección, contingencia ante derrames, certificaciones de amarre, actuación de personal especializado y auditorías de Prefectura, así como posibles observaciones o limitaciones operativas vigentes.
Frente a la falta de información por parte de la ANPyN, el pedido busca reconstruir de forma integral el funcionamiento administrativo, financiero y operativo del Puerto de Ushuaia en los últimos meses. La respuesta de la intervención será clave para determinar el grado de transparencia en la gestión, ya que se denuncian desvíos de fondos provinciales a cuentas del Estado Nacional sin procedimientos de control ni rendición de cuentas.
