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El Colegio Público de Abogados de Ushuaia se sumó a una demanda colectiva a nivel nacional contra aspectos clave de la reforma laboral impulsada por el gobierno, en un intento por frenar su aplicación mediante una medida cautelar.
La presentación fue impulsada por casi 30 colegios de abogados de todo el país, quienes acudieron a la Justicia para solicitar la suspensión de artículos centrales de la nueva legislación laboral, al considerar que afectan el ejercicio profesional.
El reclamo ingresó al fuero Contencioso Administrativo Federal y busca que se dicte una medida cautelar contra disposiciones que habilitan el pago en cuotas de honorarios profesionales y modifican el régimen de costas judiciales.
Según los abogados, estos cambios implican una afectación directa al derecho de defensa y a la actividad profesional, al sostener que los honorarios poseen carácter alimentario y no deberían ser diferidos.
La acción judicial, patrocinada por el abogado Alberto Spota, solicita la suspensión de los artículos 20 y 227 de la Ley de Contrato de Trabajo, reformada recientemente, al considerar que podrían ser inconstitucionales por vulnerar garantías establecidas en la Constitución Nacional.
Entre los argumentos, los colegios señalaron que las modificaciones introducen una “utilización desviada de herramientas procesales” que podría afectar no solo a los profesionales, sino también al funcionamiento del sistema judicial.
Otro de los puntos cuestionados es la regulación de las costas judiciales, ya que entienden que su definición corresponde a cada jurisdicción provincial. En ese sentido, advirtieron que la nueva normativa podría generar un efecto disuasivo en los abogados por el riesgo de sanciones económicas.
Además, los demandantes solicitaron que la medida cautelar se dicte sin traslado previo al Estado nacional, con el objetivo de evitar demoras en la resolución del planteo.
La presentación se enmarca en una serie de acciones judiciales en distintos fueros contra la reforma laboral, una de las principales iniciativas impulsadas por el gobierno nacional en el Congreso.
La participación del colegio de Ushuaia refleja la amplia adhesión federal a la demanda, que reúne instituciones de diversas provincias y busca frenar la aplicación de los artículos cuestionados hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.
