Denuncian penalmente a Federico Sturzenegger por una contratación millonaria vinculada a su esposa

Además, la disposición sostiene que la Dirección Nacional de Ética Pública dictaminó que “se han cumplido las previsiones establecidas en el Decreto N° 202/17.

La omisión que denuncian

El punto central de la acusación es que, pese a lo afirmado en la disposición, no existiría constancia pública en el sitio web de la Oficina Anticorrupción sobre la publicación obligatoria del caso, tal como exige el artículo 4°, inciso b, del Decreto 202/2017 cuando hay vínculos entre funcionarios con poder de decisión y personas o entidades contratadas por el Estado.

Los denunciantes aseguran que, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, “no hay publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada de intereses” correspondiente a la vinculación entre Rouillet y Sturzenegger.

En ese marco, sostienen que se habría omitido “una publicación relativa a un procedimiento obligatorio de transparencia, impidiendo el conocimiento público de posibles riesgos de interés”. Esa omisión —afirman— sería atribuible al titular de la OA, Alejandro Melik, y al director nacional de Ética Pública, Leopoldo Giupponi.

También cuestionan que se haya adjudicado y aprobado la contratación “existiendo un vínculo con un funcionario con rango de ministro, incumpliendo un requisito de transparencia y publicidad clave”, decisión que atribuyen a Dellepiane.

Posibles delitos

La denuncia encuadra los hechos, en principio, en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona al funcionario público que no ejecuta las leyes cuyo cumplimiento le incumbe, y en el artículo 265, referido a negociaciones incompatibles con la función pública.

En relación con esta última figura, citan jurisprudencia que describe la conducta como el “interesarse en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”, y advierten sobre el llamado “desdoblamiento del agente”, cuando el funcionario actúa simultáneamente como representante del Estado y como particular interesado.

“Queda claro, en consecuencia, que en su carácter de Ministro, el denunciado Sturzenegger podría haber intervenido para que la organización empresaria que dirige su esposa fuera contratada”, sostiene el escrito.

Antecedentes y pedido de medidas

La presentación también menciona que durante 2024 habría estado vigente otro contrato con los mismos contratantes y plantea que debería verificarse si Rouillet actualizó su declaración jurada de intereses tras la designación de Sturzenegger como ministro en julio de ese año, tal como exige la normativa.

Entre las medidas de prueba solicitadas, los denunciantes pidieron que se requieran copias de las actuaciones administrativas vinculadas a la contratación y que se realice una pericia técnica para verificar si las publicaciones obligatorias fueron efectivamente incorporadas en la web de la Oficina Anticorrupción y, en su caso, en qué fecha.

En la conclusión, los abogados advierten que la omisión denunciada “excede la mera conculcación del derecho individual a acceder a una información pública relevante” y que podría afectar “la institucionalidad misma de la Nación”, al tratarse —según sostienen— de “privilegios inadmisibles y de una desvergonzada utilización de lo público en beneficio personal”.