El intendente de Río Grande, Martín Perez, trazó un duro diagnóstico sobre el contexto político y económico que atraviesa el país y, en particular, Tierra del Fuego, al tiempo que defendió el rol activo de los municipios frente al retiro del Estado nacional de áreas clave como la obra pública y los programas sociales.
RÍO GRANDE04/02/2026
19640 Noticias
El jefe comunal riograndense cuestionó con firmeza, el modelo de ajuste impulsado por el Gobierno nacional y advirtió sobre sus consecuencias directas en el empleo, la industria, el comercio y el consumo, especialmente en una provincia con características productivas y geográficas particulares.
Perez señaló que la paralización de la obra pública y la eliminación o desfinanciamiento de programas nacionales generan un efecto en cadena que golpea de lleno a la economía local.
“Cuando el Estado nacional se retira, no solo se frenan obras: se pierde empleo, se cae la actividad económica y se resiente el comercio”, advirtió, al remarcar que Tierra del Fuego enfrenta un escenario aún más complejo por su matriz productiva y su ubicación geográfica.
En ese sentido, llamó a recapacitar sobre el rumbo económico y a inyectar recursos en la economía real, como forma de sostener el trabajo, la producción y el consumo interno.
Un 2026 marcado por la incertidumbre
El Intendente describió al 2026 como un año especialmente difícil, atravesado por el ajuste, la pérdida de recursos y una fuerte presión sobre los gobiernos locales.
Según sostuvo, este contexto exige mayor conciencia social sobre las consecuencias del modelo económico vigente y un debate profundo sobre el rol del Estado en la protección del entramado productivo y social.
“Estamos atravesando un momento complejo, donde los municipios tenemos que sostener más servicios con menos recursos”, señaló Perez, y agregó que son las gestiones locales las que quedan en la primera línea de respuesta frente a las demandas de la comunidad.
Municipios como sostén del entramado social
En ese marco, el jefe comunal puso en valor el papel de los municipios como garantes de servicios esenciales, incluso en un escenario adverso.
“Cuando el ajuste baja, los vecinos no van a una oficina nacional: vienen al Municipio” , expresó, subrayando que Río Grande sigue asumiendo responsabilidades que exceden sus competencias originales para evitar que la crisis impacte de lleno en la vida cotidiana de la gente.
Política tributaria con foco en el alivio al vecino
Frente a este panorama, Perez destacó la decisión del Municipio de Río Grande de llevar adelante una política tributaria responsable, orientada a moderar el impacto de tasas y tributos, sin trasladar la presión fiscal a los vecinos.
El Intendente remarcó el esfuerzo de la gestión por equilibrar las cuentas municipales, sostener servicios y, al mismo tiempo, cuidar el bolsillo de las familias, en un contexto de caída del poder adquisitivo.
“Administrar bien también es decidir no ajustar sobre la gente” , afirmó, y ratificó el compromiso del Municipio con la transparencia, la mejora permanente de la gestión y el uso eficiente de los recursos públicos.
Finalmente, Perez reiteró que Río Grande continuará apostando a una administración ordenada, cercana y sensible a la realidad social, convencido de que una gestión eficiente es clave para atravesar un escenario económico adverso sin resignar derechos ni calidad de vida para los vecinos y vecinas de la ciudad.
Valentina Mieri aseguró que Patricio se encuentra estable y consciente tras el grave choque ocurrido en calle Echelaine. Relató cómo fue el impacto, afirmó que el automovilista alcoholizado intentó escapar y lamentó que nadie del entorno del acusado se haya comunicado con la familia.
El intendente denunció una quita anual de $600 millones y aseguró que el Municipio no puede ser la variable de ajuste de decisiones tomadas sin diálogo ni planificación.
El jefe comunal participó del cambio de jefatura y puso en valor el vínculo institucional con la Prefectura, subrayando la necesidad de sostener una agenda conjunta en materia de seguridad y prevención.
Starlink Argentina se consolida como una de las opciones más buscadas para acceder a internet rápido y estable en zonas rurales, alejadas o con escasa infraestructura tradicional.
La medida rige desde enero de 2026 e incluye al personal policial, personal civil de la Policía y al Servicio Penitenciario, en el marco del Programa de Acompañamiento Salarial impulsado por el Ejecutivo fueguino.
La Unidad Fiscal Ushuaia dictaminó que el Juzgado Federal local no es competente para analizar la legalidad de la intervención y rechazó la cautelar solicitada por la Provincia.
