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La intervención federal en el Puerto de Ushuaia no sólo reconfiguró la conducción institucional del principal enclave marítimo fueguino, sino que abrió un escenario de fuerte impacto sobre los derechos laborales, previsionales y económicos de trabajadores que hasta ahora se desempeñaban bajo el régimen provincial.
El pase a la órbita nacional, bajo cargos jerárquicos políticos, implicará la pérdida de la obra social, el sistema jubilatorio fueguino y beneficios asociados al circuito económico local.
La intervención federal en el Puerto de Ushuaia avanzó más allá de la estructura administrativa y comenzó a impactar de manera directa sobre las condiciones laborales de trabajadores del sistema portuario provincial. Quienes secundaron a Juan Avellaneda y solicitaron licencias por cargos de mayor jerarquía al ser designados como funcionarios nacionales de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) quedarán fuera de los regímenes locales que los amparaban.
Las designaciones implican la pérdida automática de la afiliación a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), dejando atrás la cobertura sanitaria provincial. A partir del traspaso al ámbito nacional, los trabajadores deberán incorporarse a la obra social que determine la administración central, en un contexto de incertidumbre sobre la continuidad de prestaciones y beneficios.
El mayor impacto se producirá en el plano previsional. Al dejar de aportar a la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego, los ahora funcionarios nacionales perderán el acceso al régimen jubilatorio provincial, que garantiza el retiro a los 60 años y el 82% móvil. En su lugar, comenzarán a aportar al sistema nacional de ANSES, lo que eleva la edad jubilatoria a 65 años y reduce de manera significativa el haber previsional.
La medida alcanza a Juan Andrés Avellaneda, Javier Alejandro Villarroel Vera, Valeria Celeste Cabrera, Yamila Rosa Moukarzel, Mario Manuel Avellaneda, hermano del virtual interventor designado por la gestión de La Libertad Avanza, Abraham Cuevas Novoa, Juan Pablo Pimentel, Francisco Robles, Walter Pontet y Gabriela Guerrero, entre otros trabajadores que cumplían funciones bajo encuadre provincial.
En la misma situación se encuentran Francisco Leonel Infanti, Susana Cuello, Valeria Arcos Morínigo, Rosana Villarroel, Abril Sandoval, Mariana Tejerina, Yanina Gelpi, Claudia Apis, Melisa Aguirre y Mailena Berton, quienes ya se desempeñan como funcionarios nacionales con cargos jerárquicos, aunque con pérdida de derechos laborales consolidados.
A este escenario se suma un impacto directo sobre el circuito económico local. Al incorporarse a la ANPyN, los funcionarios dejarán de percibir sus salarios a través del Banco de Tierra del Fuego, lo que implica la salida de esos haberes del sistema financiero provincial y la pérdida de beneficios asociados, como el uso de las tarjetas Fueguinas y su red de descuentos y servicios.
De este modo, bajo el marco formal de una intervención federal y la asignación de cargos políticos, se consolida un proceso que supone un retroceso en materia de derechos previsionales, sanitarios y económicos. Un costo que recaerá sobre trabajadores que, al aceptar el reordenamiento institucional, quedaron alcanzados por un régimen menos favorable que el que regía en la provincia.
