
El patrullero ARA “Piedrabuena” reemplazó al ARA “Contraalmirante Cordero”.
Claudia Ávila fue declarada víctima de trata, pero sigue cumpliendo una condena a prisión perpetua. Su salud se deteriora mientras se le niega la reparación que le corresponde.
USHUAIA08/10/2025
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A pesar de haber sido reconocida judicialmente como víctima de trata y explotación sexual, Claudia Concha Ávila continúa cumpliendo una condena a prisión perpetua en la alcaidía de mujeres de Ushuaia. La misma Justicia que reconoció su condición de víctima, aún no ha garantizado su libertad ni el resguardo de sus derechos básicos. Enferma, sin acceso adecuado a salud ni a condiciones dignas de vida, Claudia espera una respuesta del Estado que nunca llega.
Claudia Ávila llegó a Tierra del Fuego desde Buenos Aires, enviada por su marido con la promesa de trabajar “en un pub o una fábrica”. La realidad fue muy distinta, terminó siendo explotada sexualmente en prostíbulos de la provincia, comprada y vendida por proxenetas. Fue una de las víctimas del conocido caso “Candilejas” de Ushuaia, cuyo juicio culminó con una condena firme por trata de personas con fines de explotación sexual agravada.
En ese proceso judicial, Claudia fue reconocida como víctima por el Tribunal Oral Federal. Sin embargo, continúa encarcelada por la muerte de Gustavo Ezequiel Ponce, quien la explotaba, en un hecho ocurrido en circunstancias aún no completamente esclarecidas. La causa se encuentra actualmente en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras una serie de recursos presentados por su defensa.
Mientras tanto, permanece detenida en la alcaidía de mujeres de Ushuaia. Desde allí, Claudia denunció que “aunque la sentencia que me reconoce como víctima quedó firme el 29 de mayo, no se me contactó para nada”. Y agregó "uno de mis derechos es que yo, como víctima de trata, no puedo estar alojada en ningún establecimiento penitenciario”.
Claudia insiste en que debería estar cumpliendo arresto domiciliario mientras se resuelve su situación "tendría que estar en una vivienda particular, hasta que se aclare mi situación procesal”, sostuvo. Recordó que desde el Ministerio de Bienestar Ciudadano le ofrecieron una solución habitacional, pero “hasta ahora eso no se concretó y nunca más se comunicaron conmigo”.
La mujer también solicita que se le permita trabajar "yo tengo mi oficio de costurera, lo podría hacer”, explicó, señalando que ya cuenta con un certificado médico que la habilita. Y subrayó "evitaría estar en una constante guerra con el Servicio Penitenciario para que me entreguen los elementos necesarios para mi higiene y otras cosas que necesito”.
Su salud se deteriora rápidamente. Claudia padece diabetes y ya ha sido internada varias veces en terapia intensiva. En sus palabras "tengo diabetes, el año pasado estuve internada con riesgo de vida”, y advirtió que “ese establecimiento no está apto para mí”, según lo indicó también su defensor ante el Superior Tribunal de Justicia.
Organizaciones como la Red Alto al Tráfico y la Trata también reclaman que se le conceda la prisión domiciliaria por razones humanitarias y legales. Desde esa red, además, se le garantiza atención psicológica "Yo tengo asistencia psicológica gracias a la Red Alto al Tráfico y la Trata”, reconoció.
Por todo esto, Claudia Ávila elevó un mensaje al gobernador Gustavo Melella, pidiendo una intervención directa para que el Estado cumpla con su responsabilidad. A la espera de justicia, de salud y de dignidad, su historia es el reflejo de una doble condena: una judicial y otra social, ambas todavía sin reparación.

El patrullero ARA “Piedrabuena” reemplazó al ARA “Contraalmirante Cordero”.

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