El Consejo de la Magistratura cerró el caso contra el juez Leonelli por unanimidad

En la última sesión del Consejo de la Magistratura, celebrada el jueves pasado, se resolvió archivar las actuaciones iniciadas contra el juez Andrés Leonelli, integrante de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia. La decisión se tomó tras recibir un oficio del Juzgado de Instrucción N.º 2 que confirmó el rechazo del requerimiento fiscal por inexistencia de delito.

Las actuaciones que se habían iniciado contra el juez penal Andrés Leonelli fueron archivadas formalmente por el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, luego de que el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Ushuaia rechazara el requerimiento de instrucción presentado por el Ministerio Público Fiscal.

La decisión fue tomada por unanimidad por los integrantes del Consejo: la jueza Edit Miriam Cristiano, el jefe de Gabinete Agustín Tita, los legisladores Victoria Vuoto y Federico Greve, los abogados Verónica Ruth Muchnik y Santiago Martín D’Angelo, y el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre.

El fundamento central del archivo radica en que la jueza María Cristina Barrionuevo no encontró elementos que permitan avanzar en una investigación penal. La magistrada rechazó el requerimiento de instrucción fiscal, en una decisión que fue avalada también por la fiscal especializada en Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Asistencia a Víctimas, María Guadalupe Mártire.

La resolución judicial quedó firme y fue comunicada formalmente al Consejo de la Magistratura a través de un oficio fechado el 12 de septiembre, emitido por el Juzgado de Instrucción.

Según trascendió, la actuación judicial se había originado tras detectarse, en una pericia informática realizada el pasado 5 de septiembre, que el 15 de abril el juez Leonelli había subido de manera conjunta a Internet una gran cantidad de archivos laborales, dentro de los cuales se encontraban imágenes clasificadas como pornografía infantil.

Sin embargo, la magistrada interviniente consideró que no existió intencionalidad ni conducta delictiva por parte del juez. La pericia habría demostrado que los archivos fueron cargados automáticamente junto a una gran cantidad de documentos laborales, sin conocimiento ni intención por parte del magistrado.

Con ese argumento, tanto la fiscal como la jueza descartaron la existencia de delito, y por tanto no iniciaron proceso penal alguno. De esta forma, el Consejo de la Magistratura resolvió archivar el expediente disciplinario que estaba bajo análisis.