Día Nacional de la Industria: la industria fueguina se reivindica como símbolo de lucha y resiliencia

En el marco del Día Nacional de la Industria, esimportante hablar de la evolución de la industria fueguina desde sus orígenes con la Ley 19.640 hasta el presente 2025, marcado por protestas, acuerdos, suspensiones y políticas nacionales que alteran el futuro de un modelo industrial clave para el sur argentino.

Todo comenzó en 1972 con la creación de la Ley 19.640, que otorgó beneficios fiscales al sur del país con el objetivo de poblar la isla y diversificar su economía. Ese marco dio nacimiento a un importante polo industrial donde empresas electrónicas y de ensamblaje florecieron, generando empleo y crecimiento urbano en Río Grande y Ushuaia. Así, la industria se afianzó como motor económico y símbolo de soberanía regional.

Desde sus albores, el impacto de la Ley 19.640 fue profundo. En sus primeros años, actores como Atma, Fabrisur y BGH se radicaron en Río Grande, consolidando la radicación industrial y dinamizando la economía local. El impulso alcanzó su máximo en la década del ’80, con la puesta en marcha del Parque Industrial y la llegada de Radio Victoria, que ampliaron las capacidades tecnológicas de la provincia.

Casi cinco décadas después, la población de Tierra del Fuego creció exponencialmente: de apenas 13.500 habitantes en 1970 a más de 185.000 en 2025, convirtiéndose en una de las jurisdicciones con mayor empleo fabril privado del país. Este crecimiento demográfico y urbano estuvo directamente asociado al desarrollo de la industria electrónica, que pasó a abastecer el 98 % del mercado interno de televisores, celulares, microondas y aires acondicionados.

En 2009, el país implementó el llamado “impuesto tecnológico”, una política proteccionista que redujo los gravámenes para favorecer a la industria local. Durante ese período, la producción se multiplicó: netbooks y notebooks se incrementaron un 200 %, monitores hasta 20 veces y cámaras, un 50 %.

La continuidad del régimen fue sostenida con nuevas prórrogas: primero hasta 2023 y luego nuevamente hasta 2038, con la posibilidad de extenderla por 15 años más. Además, se creó el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).

No obstante, en 2025 la industria atraviesa tiempos críticos. Las políticas nacionales de apertura comercial y baja o eliminación de aranceles golpearon directamente la competitividad. Las empresas electrónicas fueronguinas enfrentan una presión inédita: suspensiones laborales, paros, acuerdos y la creación de una mesa de diálogo con actores provinciales y nacionales fueron la respuesta inmediata.

La estabilidad comenzó a tambalear con la sanción del Decreto 333/2025, que redujo significativamente los aranceles a productos electrónicos importados. Ese mismo mes, la provincia se vio sacudida por protestas masivas. Un paro general por tiempo indeterminado paralizó toda actividad fabril, gremios como la UOM, ASIMRA y otros sectores atravesaron la provincia en unidad, acompañados por estudiantes, veteranos de Malvinas y vecinos, en una movilización sin precedentes. Muchas fábricas detuvieron su producción, y se advirtió sobre posibles despidos masivos si se avanzaba con la apertura comercial.

Tras nueve o diez días de huelga, se logró un acuerdo histórico entre sindicatos, AFARTE y las empresas del sector. Se restableció el trabajo, se garantizó que no habría despidos hasta el 31 de diciembre y se impulsó la creación de una mesa de diálogo con Nación y Provincia, para diseñar estrategias que resguarden la industria fueguina.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo provincial dictó conciliación obligatoria para contener el conflicto, suspensión de huelgas y retorno a condiciones previas, especialmente en el sector autopartista vinculado a Mirgor y empresas afines.

Aunque se preservaron los empleos formalmente, la realidad se endureció. Mirgor implementó suspensiones: cada trabajador, sea efectivo, contratado o PPD, trabajará solo tres semanas al mes y cobrará una parte del salario durante la suspensión. Esto se extiende hasta fin de año y afecta a cientos de empleados.

El cambio en la política comercial, reducción al 0% de aranceles para celulares para 2026, fue una señal de apertura que amenaza la competitividad de los productos electrónicos fueguinos, que dependen de un régimen promocional para sostenerse. Las voces locales advierten sobre una desindustrialización gradual, mientras el gobierno define hacia dónde reconvertir la economía.

El gobernador Gustavo Melella expresó que si bien celebró el acuerdo como un paso positivo, no alcanza, exige medidas coordinadas, asegura que las inversiones de FAMP se supeditarán a garantizar producción y trabajo, y convocó en forma inmediata a una mesa de trabajo con todos los actores involucrados

Es necesario decir que, actualmente la industria atraviesa tiempos críticos. Las políticas nacionales de apertura comercial y baja o eliminación de aranceles golpearon directamente la competitividad. Las empresas electrónicas fueronguinas enfrentan una presión inédita: suspensiones laborales, paros, acuerdos y la creación de una mesa de diálogo con actores provinciales y nacionales fueron la respuesta inmediata.

La historia se repite, ayer y hoy, la Ley 19.640 marcó el crecimiento. Sin embargo, su sostenibilidad se encuentra en jaque. El desafío ahora es adaptarse o reinventarse, con innovación, diversificación o un régimen actualizado que garantice empleo, desarrollo y soberanía industrial en la Tierra del Fuego.