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Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha establecida en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordar a las víctimas y promover el derecho a conocer la verdad y las medidas necesarias para asegurar que este crimen no quede impune.
La desaparición forzada se define como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por parte de agentes del Estado o grupos organizados que actúan con la autorización o apoyo del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida.
Este delito tiene graves consecuencias para las víctimas y sus familiares, incluyendo sufrimiento emocional, privaciones económicas y sociales, y la violación de derechos fundamentales como el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la verdad y la justicia.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en 2006, establece que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y obliga a los Estados a tomar medidas para prevenir y sancionar este delito. Otros instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, también protegen a las personas contra las desapariciones forzadas y garantizan sus derechos fundamentales.
