El Gobierno suspendió una cooperativa piquetera y le apuntó a Grabois y Kicillof

El Gobierno avanzó en una medida drástica contra una cooperativa de reciclado vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en medio de acusaciones por desvío de fondos y violación de normas laborales. El caso reavivó tensiones políticas al involucrar a figuras cercanas al gobernador Axel Kicillof y al referente social Juan Grabois.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, suspendió las operaciones de la cooperativa Recuperadores del Sur Ltda. y abrió un sumario administrativo. La entidad, presidida por Héctor Eduardo Morillo -también secretario nacional de Grandes Generadores dentro de la UTEP-, habría incurrido en "presuntas irregularidades y uso indebido de la figura jurídica cooperativa", según el comunicado oficial.

Fondos desviados y beneficios familiares

Las investigaciones del INAES detectaron que la estructura cooperativa se utilizó para "eludir la normativa vigente" y sostener prácticas que "no garantizan condiciones laborales dignas". 

Las pruebas reunidas detallan gastos injustificados con fondos de la cooperativa:

• Una estadía en un SPA de la Costa Atlántica.
• Compra de bebidas alcohólicas e indumentaria no laboral.
• Pago del seguro del auto de la hija de Morillo y adquisición de una moto Honda 750, autorizada solo para el presidente, "un vehículo que no sirve para las actividades de la cooperativa".
• Transferencias millonarias a cuentas personales de Morillo y su hija, además de cobros en efectivo sin justificación.
• El informe subraya que estas erogaciones fueron para "beneficio exclusivo de la familia Morillo", en perjuicio de los asociados.

Estas acciones, según el Gobierno, vulneraron los derechos de los asociados y contradijeron el artículo 2° de la Ley 20.337, que regula el funcionamiento de las cooperativas.

Falta de transparencia y vínculos políticos

El informe oficial señaló que la cooperativa no cumplió con los requisitos básicos: no alcanzó los 100 asociados y no aclaró quiénes realizaban efectivamente la recolección de residuos, dónde se procesaban o cómo se manejaban los materiales descartados. El caso se derivó al Ministerio de Ambiente bonaerense para que adopte "las medidas correspondientes".

La situación adquirió tono político por el rol de Jaquelina Flores, subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de Buenos Aires y allegada a Kicillof y Grabois. Aunque el comunicado no los mencionó directamente relacionados al caso o la investigación, la referencia a "integrantes de la familia Morillo" y la cercanía de Flores con el oficialismo bonaerense alimentaran especulaciones sobre posibles resguardos políticos.