Malvinas: un héroe de la retaguardia recibe el reconocimiento de veterano de guerra

La Cámara Federal de la Seguridad Social reconoció como veterano de guerra a un suboficial retirado que no combatió directamente en las Islas Malvinas ni en el Atlántico Sur, pero que cumplió funciones logísticas desde el continente durante el conflicto de 1982. La decisión, basada en antecedentes de la Corte Suprema, abre la puerta a una interpretación más amplia del concepto de "veterano".

Por mayoría, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó una sentencia de primera instancia y reconoció la condición de veterano de guerra a Carlos Daniel Palacios, un suboficial retirado de la Fuerza Aérea Argentina. El tribunal entendió que, aunque su destino no fue el Teatro de Operaciones de Malvinas (TOM) ni el del Atlántico Sur (TOAS), su labor desde la Base Aérea Militar de Río Grande durante el conflicto bélico fue fundamental y justifica el acceso a los beneficios de la Ley 23.848.

La resolución se apoyó en la jurisprudencia del caso “Gerez” de la Corte Suprema, que permitió flexibilizar el criterio de “haber entrado efectivamente en combate”. En aquel precedente, el máximo tribunal reconoció que el apoyo logístico y la participación desde fuera del frente también pueden justificar el estatus de veterano.

En este caso, se comprobó que Palacios cumplió funciones en la base aérea entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, período de duración del conflicto. Además, recibió el “Distintivo de Campaña” y fue condecorado por el Congreso Nacional mediante la Ley 23.118, lo cual fue considerado prueba suficiente de su involucramiento operativo.

La jueza Nora Dorado, con el voto concurrente de Walter Carnota, sostuvo que la función logística puede ser tan determinante como el combate directo, y que desconocer su valor sería incurrir en una “discriminación arbitraria”. Destacaron que el Estado ya ha otorgado reconocimientos similares a civiles en funciones de apoyo, lo que refuerza una interpretación más inclusiva del marco legal.

En disidencia, el juez Juan Fantini rechazó el planteo por considerar que no se cumplieron los requisitos exigidos por ley, como haber estado en zonas de combate o haber participado directamente en acciones bélicas. Según su criterio, equiparar tareas logísticas con combate directo distorsiona el espíritu de la normativa.

Finalmente, el fallo ordenó a la Fuerza Aérea emitir el certificado correspondiente dentro de un plazo de 45 días, habilitando así al suboficial retirado a tramitar los beneficios simbólicos y económicos estipulados por la legislación vigente. Además, se impusieron las costas del juicio a la parte demandada y se fijaron los honorarios de la defensa en más de $1.680.000.