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El ministro de Economía, Luis Caputo, impulsa la eliminación por decreto del Régimen de Zona Fría, una ampliación del subsidio al gas aprobada en 2021 durante la gestión kirchnerista, que este año beneficia a aproximadamente 3,1 millones de hogares y representa un gasto de unos US$ 300 millones.
Según explican fuentes oficiales, el gobierno de Javier Milei y Caputo considera que la extensión del régimen postergó su alcance más allá de la Patagonia, incluyendo regiones templadas y abarrotando el subsidio incluso a hogares de ingresos medios y altos en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
La iniciativa evaluada sería promulgada a través de un DNU, dado que revertir la Ley 27.637 en el Congreso podría generar resistencias de legisladores y gobernadores temerosos del impacto político que supondría un aumento de tarifas. El DNU se espera tras las elecciones legislativas de octubre, con una vuelta al esquema original de 850.000 beneficiarios en zonas realmente frías como la Patagonia, la Puna y Malargüe.
El financiamiento del régimen actual recae en dos vías: un recargo cercano al 7 % en la factura de gas que pagan todos los usuarios, incluso aquellos de menores recursos, y aportes directos del Tesoro Nacional ―a pesar de que en su momento se aseguró que no sería necesario presupuesto fiscal adicional.
Un estudio de Economía y Energía —consultora liderada por Nicolás Arceo— advirtió que, entre 2021 y 2024, el consumo de gas unificado en los hogares incorporados al Régimen de Zona Fría subió un 7 %, mientras que en las provincias fuera del mismo cayó un 9 %. El gobierno lo interpreta como una distorsión del incentivo original, que debía fomentar eficiencia, no mayor consumo.
Caputo y Milei sostienen que el ajuste de este subsidio permitirá destinar esos US$ 300 millones a gastos prioritarios, al tiempo que recuperan la lógica de focalización en las zonas realmente frías, como fue concebida originalmente en 2002.
