El cierre del Instituto Perón desata críticas en Río Grande

Desde Río Grande, referentes sociales expresaron un contundente repudio al anunciado cierre del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, una decisión del Gobierno de Javier Milei que fue calificada como “un ataque a la memoria, la soberanía y los derechos conquistados”. La reacción no se hizo esperar entre organizaciones sociales, quienes además denunciaron la grave situación laboral y social que atraviesa Tierra del Fuego y el país en general.

Agustín Gordillo, referente de la organización 25 de Mayo de Tierra del Fuego (UTEP), expresó su preocupación ante este hecho y lo enmarcó dentro de un proceso más amplio de desmantelamiento del Estado "nuestros compañeros, como Juan Grabois, han estado protestando para evitar el cierre de este edificio, lo que representa un ataque más de este gobierno, donde la libertad se ve amenazada. Durante las manifestaciones se colgaron banderas con las consignas ‘Si no podés elegir, no hay democracia’ y ‘Defendamos nuestra historia’”.

Gordillo advirtió que la situación es alarmante no sólo en Buenos Aires, sino también en la provincia más austral del país "es fundamental destacar la alarmante falta de empleo que afecta a todo el país. Lo único que se observa con este gobierno son despidos y una creciente incertidumbre. El cierre de este instituto implica la pérdida de 20 puestos de trabajo, y en nuestra propia provincia, la industria enfrenta un futuro incierto, con 8.000 puestos de trabajo en riesgo para fin de año”.

También criticó la falta de compromiso de algunos representantes fueguinos "en Tierra del Fuego, vivimos con una mirada hacia la Antártida y la soberanía, pero dos diputados de nuestra provincia parecen no comprender esta realidad. Mientras el mundo defiende su soberanía, en Argentina se hace todo lo contrario. La industria china, por ejemplo, reparte alimentos, mientras que aquí enfrentamos un panorama desalentador”.

Por su parte, Emiliano Luís Carrón, militante del Movimiento Evita en Río Grande, cargó contra el Gobierno Nacional por lo que calificó como una avanzada contra la economía popular "repudiamos el ataque constante hacia nuestro sector por parte del gobierno nacional. Se están eliminando derechos adquiridos, como el salario social complementario, y se ha congelado la adhesión al salario mínimo vital y móvil. Además, se perpetúa la estigmatización del programa anteriormente conocido como ‘Potenciar Trabajo’, hoy mal llamado ‘Volver al Trabajo’, que intenta hacer creer que no trabajamos, cuando somos quienes siempre hemos estado en las peores condiciones laborales, muchas veces sin obtener un beneficio económico a cambio, como en las tareas socio-comunitarias”.

Carrón denunció también un nuevo tipo de exclusión institucional "el trabajo informal está en aumento, y el programa ‘Volver al Trabajo’ no ha generado oportunidades de empleo en relación de dependencia, ya que las empresas y fábricas están cerrando en lugar de abrir nuevas. Esta situación se repite en todo el país. Además, se excluye a personas con antecedentes penales del programa, lo que constituye una nueva forma de discriminación social que no contribuye a su inserción ni mejora su calidad de vida. Esta persecución afecta a la clase social más vulnerable y excluida de la sociedad”.

Ambos referentes remarcaron que el deterioro no es un fenómeno aislado, sino parte de una crisis laboral global. Mencionaron la reciente participación de una delegación de la UTEP, invitada por la CGT nacional, en un congreso de la OIT donde se abordó la falta de empleo a nivel mundial y los desafíos provocados por la automatización en el sistema productivo. En ese contexto, muchos trabajadores han migrado hacia formas de economía popular o informal, buscando sostenerse mediante la autogestión, la creación de unidades productivas, grupos pre-cooperativos y cooperativas de trabajo.

Desde Río Grande, advirtieron que la situación en las calles es un reflejo de esta crisis "basta con ver las ferias y la gente dejando currículums para entender que la desesperación por conseguir trabajo es real y crece día a día. La economía popular representa un trabajo real, aunque invisibilizado, y es un trabajo digno. No queremos seguir perdiendo derechos ni permitir más precarización”.

También expresaron solidaridad con otros sectores vulnerables como jubilados, personas con discapacidad y trabajadores metalúrgicos, al tiempo que reafirmaron su defensa del patrimonio nacional y la soberanía. Rechazaron el intento de instalar una base militar estadounidense en Ushuaia y el funcionamiento del radar británico en Tolhuin "decimos no a la base militar estadounidense que quieren instalar en Ushuaia y no al radar inglés en Tolhuin; exigimos su desmantelamiento”.

Por último, anunciaron que en Río Grande intentarán presentar sus demandas ante la oficina de Nación ubicada en 9 de Julio y San Martín, y convocaron a la más amplia unidad del sector. “¡Patria sí, soberanía sí, colonia no! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Nadie se salva solo!”, concluyeron.