
El Poder Ejecutivo busca una nueva ley que endurezca las penas contra los delincuentes, además de tipificar los delitos más graves y actuales. La baja de imputabilidad, uno de las modificaciones en el centro del debate público.
El nuevo régimen de prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos tuvo su primera jornada de debate en el Congreso nacional.
PAÍS03/06/2025Representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, cartera que encabeza Patricia Bullrich, defendieron hoy en la Cámara de Diputados el proyecto de ley denominado “antibarras”, iniciativa que tuvo su primera jornada de debate a dos meses del envío del proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo.
En la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja debatieron acerca de la propuesta de reforma del régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos el director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad, Martín Ferlauto, y el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de la misma cartera, Fernando Soto, y el asesor legal de AFA y miembro del comité de apelaciones de FIFA, Andrés Paton Urich.
Como primer orador, Ferlauto calificó la iniciativa como “un proyecto novedoso inclusive a nivel de derecho comparado a nivel internacional”, diferenciándola de la ley "anti hooligans" que aprobó el Reino Unido en 1989 para reprimir la violencia en el fútbol.
El aspecto central que diferencia al proyecto "antibarras" que impulsa el Ministerio de Seguridad es que considera a las organizaciones que cometen los hechos criminales bajo la figura de la asociación ilícita.
Por otra parte, se amplía el alcance del régimen abarcando no solamente los hechos de violencia que se cometen dentro de los estadios en ocasión de los espectáculos deportivos sino además todo ilícito que se cometa “como consecuencia de la pertenencia o afiliación de las personas agresoras a parcialidades futbolísticas o deportivas determinadas”.
“Es un enfoque mucho más amplio que considera a una barrabrava como una organización criminal que opera de manera estable, permanente, y no necesariamente con motivo de la realización de un espectáculo deportivo determinado”, subrayó Ferlauto.
Para el funcionario, “el barrabrava es todo lo opuesto a un hincha de fútbol”, ya que aquel “mira al deporte como una oportunidad para intimidad y mostrar fuerza frente a dirigentes del fútbol, frente a otros hinchas, otras barrabravas y dirigentes de otros ámbitos entre los cuales están los políticos”.
“En muchos casos ni siquiera están mirando el partido sino controlando lo que sucede en las tribunas con sus cómplices o secuaces”, señaló.
Por el contrario, Ferlauto definió al hincha como “una persona que asiste a un estadio de fútbol con la intención de disfrutar un momento con su familia o sus amigos”.
“Donde el hincha ve una pasión y un motivo de alegría, un barrabrava ve una oportunidad de generar un hecho ilícito que generalmente se realiza mediante la violencia o la intimidación”, concluyó.
A su turno, Soto sostuvo que “las barras son verdaderamente organizaciones criminales y deben tener un tratamiento especial porque no son iguales a las otras organizaciones criminales, ya que están en el medio de un espectáculo deportivo”.
“Por eso esta ley tiene una especificidad”, destacó el funcionario del Ministerio de Seguridad, que hizo hincapié especialmente en los nichos de violencia que anidan en el mundo del fútbol por sobre cualquier otro deporte.
“Hay un tema especial con el fútbol que desde hace mucho tiempo tiene un poder que va más allá del espectáculo deportivo donde se manejan entradas falsas, reventa de entradas, se maneja violencia, se ingresan armas blancas, armas de fuego, se hacen extorsiones, se cometen delitos organizados”, enumeró.
Soto detalló que a través del proyecto de ley “se está penalizando también a los organizadores” cuando “son copartícipes de los delitos”.
“Muchas veces los integrantes de organizaciones de clubes son copartícipes de los delitos. A veces son víctimas de los delitos, pero muchas veces son partícipes de los delitos”, apuntó.
Por su parte, Paton Urich remarcó que la AFA “va a apoyar todas las iniciativas que permitan erradicar cualquier tipo de violencia en un espectáculo deportivo, que permita el regreso de las familias a las tribunas y las plateas de las canchas”.
“Esta semana hemos tenido dos casos muy puntuales de partidos con las dos parcialidades que han sido un éxito: Argentinos Juniors frente a Excursionistas en cancha de San Lorenzo por la Copa Argentina y el domingo la final del torneo Apertura, Platense frente a Huracán en Santiago del Estero. Fueron partidos con muchísima cantidad de gente y han sido un éxito en cuanto a lo organizativo y el comportamiento de las aficiones”, destacó.
El representante de la AFA sostuvo que “todos los elementos que partan del Estado y permitan que los espectáculos deportivos, en particular del fútbol, sean un éxito van, a ser bienvenidos”.
“No queremos cuestiones delictivas dentro de la fiesta del fútbol porque hace que las familias no concurran”, insistió Paton Urich.
El proyecto de ley “antibarras” modifica el Código Penal y contempla penas de uno a cuatro años al que dañare muebles o inmuebles de un espectáculo deportivo.
Esas penas aumentan de tres a seis años al que porte y/o ingrese con armas de blancas; con lo cual no permiten la excarcelación de la persona que comete este delito.
También contempla penas de cuatro a ocho años al que ingresare con elementos inflamables y hasta diez años al que lo hiciera con un arma de fuego.
Otro punto clave es que los dirigentes de futbol serán pasibles de ser sancionados cuando se verifique que hayan tenido una connivencia o colaboración para que se pueda comprobar ese delito.
Otro penas también que son excarcelables es cuando dos o más personas ocasionen la suspensión del partido mediante el empleo de la violencia.
La distribución ilegal de entradas tendrá penas de dos a a seis años de prisión y la misma sanción está prevista para la reventa de entradas en forma irregular.
El Poder Ejecutivo busca una nueva ley que endurezca las penas contra los delincuentes, además de tipificar los delitos más graves y actuales. La baja de imputabilidad, uno de las modificaciones en el centro del debate público.
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