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El abogado Francisco Giménez expresó duras críticas hacia el sistema judicial por el tratamiento que se da a los delitos menores en la provincia.
RÍO GRANDE15/05/2025
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El abogado Francisco Giménez expresó duras críticas hacia el sistema judicial por el tratamiento que se da a los delitos menores en la provincia. En diálogo con Info 3, señaló que la justicia subestima este tipo de hechos, mientras que para quienes los padecen —vecinos y comerciantes— se traducen en pérdidas, inseguridad y frustración.
“El delito menor para la justicia es algo insignificante, pero para el comerciante o el vecino es un problema que afecta su día a día”, aseguró Giménez, al remarcar que este tipo de hechos muchas veces genera daños que trascienden lo económico: pérdida de tiempo, interrupción de la actividad comercial e incluso cierre de negocios.
En su análisis, el letrado apuntó contra la lentitud del sistema judicial, que —sostuvo— deja impunes muchos casos. “Muchos delitos menores prescriben, no llegan a juicio oral, y los procedimientos son tan lentos que no hay consecuencias reales”. Esta inacción, agregó, favorece la acumulación de causas sin resolución y solo se genera una respuesta institucional cuando ocurre un hecho de mayor gravedad. “La sociedad reacciona, pero ya es tarde”, lamentó.
Giménez también advirtió sobre un patrón común en la administración de justicia, tanto en Tierra del Fuego como en el resto del país: si no hay sangre, violencia o un delito de alto impacto, no se actúa con firmeza. “Una persona puede entrar y salir del juzgado diez veces sin condena. No hay sanción hasta que sucede algo grave. La discrecionalidad judicial se ha convertido en permisividad”, denunció.
Frente a este escenario, propuso avanzar en una reforma profunda del Código Procesal Penal que contemple mecanismos más firmes frente a la reincidencia. “Una persona con múltiples antecedentes no debería recuperar la libertad de inmediato. A la tercera o cuarta detención ya debería quedar preso hasta que se lo juzgue y cumpla condena”, argumentó.
Finalmente, el abogado apuntó contra la desconexión que —a su criterio— existe entre el poder judicial y la sociedad. “Los jueces viven otra realidad, no sufren estos delitos. No tienen que cerrar un comercio ni instalar cámaras de seguridad. Por eso consideran que robar dos paquetes de yerba es una pavada. Pero para quien lo sufre no lo es”.

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