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En diálogo con Radio FM La Isla, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez analizó el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Gobierno, señalando que se ha llegado a un punto donde el Poder Ejecutivo está suplantando al Congreso de manera sistemática.
Gil Domínguez explicó que la Constitución Nacional es clara respecto a la facultad del Congreso para arreglar el pago de la deuda externa, y que el presidente solo puede recurrir a decretos de necesidad y urgencia en circunstancias excepcionales.
"Si no se cumplen estos requisitos excepcionales, el decreto es nulo, de nulidad absoluta e insanable, porque así lo establece la Constitución", afirmó el abogado.
Además, indicó que si bien todos los gobiernos han abusado de los DNU desde 1994, cuando se incorporaron a la Constitución, ninguna administración los había usado sistemáticamente para reemplazar al Congreso.
Para el especialista, el Ejecutivo ha tomado decisiones que vulneran la división de poderes: "Hoy estamos viendo un Poder Ejecutivo que sustituye al Congreso, designando jueces sin el acuerdo del Senado y modificando 83 leyes mediante un solo decreto, cuando los DNU están pensados para medidas transitorias en situaciones de emergencia."
Uno de los ejemplos que mencionó es el reciente decreto vinculado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Este decreto es un escándalo constitucional, porque establece que el presidente firmará un acuerdo sin presentar el texto del documento. Se autoriza a sí mismo a suscribirlo y delega la posibilidad de hacerlo en cualquier funcionario, lo que significa que un acuerdo de esta magnitud podría ser firmado por un funcionario de segunda o tercera línea y no por el presidente de la Nación."
Consultado sobre el respaldo de ciertos sectores políticos a estas medidas, Gil Domínguez fue categórico: "Este gobierno está desarrollando un modelo autocrático, autonormado y con tintes neofascistas. Todos los que acompañan este modelo deben hacerse cargo de su complicidad. Si los legisladores siguen incumpliendo la Constitución, un día llegarán a sus despachos y no podrán entrar porque el Ejecutivo les cambió la cerradura."
Asimismo, advirtió sobre el rol del Poder Judicial, en especial la Corte Suprema de Justicia, que mantiene un silencio sospechoso frente a estos temas.
"La justicia federal, salvo excepciones en el interior del país, ha sido omisiva y condescendiente con las medidas inconstitucionales del Gobierno. Aplican estrategias como la cronoterapia o la 'calecita judicial' para dilatar los fallos y, cuando los resuelven, lo hacen a favor del Gobierno."
Preocupación por la Ley Antimafia
Otro punto crítico que abordó el constitucionalista fue la denominada Ley Antimafia, cuya redacción, según su análisis, podría vulnerar derechos fundamentales: "El derecho penal debe ser claro y taxativo. Sin embargo, esta ley contiene artículos ambiguos que pueden chocar con la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la petición. Si se interpreta que una crítica dura al Poder Judicial o al Ejecutivo encaja en esta normativa, estaremos ante un caso claro de inconstitucionalidad."
Finalmente, Gil Domínguez advirtió sobre la falta de conciencia en algunos sectores de la sociedad respecto al impacto de estas normas: "Para algunos, la República, la Constitución y la institucionalidad solo importan cuando gobierna alguien que no es peronista. Y cuando gobierna alguien que es peronista, se convierten en un activo a defender."
