El Gobierno Nacional anunció una nueva auditoría sobre más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, luego de detectar irregularidades en el 80% de los casos revisados en controles previos.
País19/01/2025
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El Gobierno Nacional anunció una nueva auditoría sobre más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, luego de detectar irregularidades en el 80% de los casos revisados en controles previos. La medida será llevada a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en colaboración con el PAMI, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos.
Durante la última auditoría, realizada en diciembre de 2024, se descubrió que una gran mayoría de los beneficiarios no padecían las afecciones declaradas para acceder al beneficio. Además, se dieron de baja 212 pensiones cobradas por personas privadas de libertad y 150 correspondientes a beneficiarios fallecidos.
El proceso forma parte de un plan más amplio del Ejecutivo para reforzar los controles sobre las prestaciones sociales, incluyendo una actualización de las normativas para determinar la invalidez laboral, publicada recientemente en el Boletín Oficial.
Según el Gobierno, la nueva normativa está basada en baremos elaborados por especialistas en medicina legal y laboral, que evalúan cualitativamente el grado de deterioro psicofísico de los solicitantes. Estos criterios buscan identificar con precisión los casos que justifican la asignación del beneficio.
La auditoría se llevará a cabo en varias fases:
1. Análisis individual: Se realizará un examen exhaustivo de cada caso, incluyendo entrevistas y controles médicos presenciales en todo el país, a cargo de profesionales del PAMI.
2. Procesamiento de datos: La información recopilada será analizada para determinar si los beneficiarios cumplen con los requisitos.
3. Dictamen final: La ANDIS y el PAMI emitirán resoluciones para mantener o suspender las pensiones según corresponda.
Los resultados preliminares en diferentes provincias han revelado un alto porcentaje de irregularidades. Por ejemplo, en Chaco, tras una auditoría que incluyó a 2.689 beneficiarios, solo 13.58% cumplía con los requisitos, mientras que 66.79% fueron dados de baja por no ajustarse a los criterios.
Según el vocero Manuel Adorni, "siete de cada diez pensiones por invalidez estaban mal otorgadas o eran fraudulentas". Las investigaciones también detectaron un desvío de fondos por US$3400 millones en pensiones otorgadas irregularmente durante gestiones anteriores.
El Gobierno estima que, dentro del universo de 1.223.864 beneficiarios, cerca de 500.000 pensiones podrían haber sido otorgadas de forma fraudulenta, por lo que esta auditoría busca garantizar un uso adecuado de los recursos públicos y una mayor transparencia en la gestión de las prestaciones sociales.
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