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Según el artículo 1 del texto, el precio de venta al público de los combustibles líquidos que sean expedidos en las estaciones de servicios minoristas de cada una de las empresas comercializadoras mayoristas será “uniforme” en el país.
En el artículo 3, en tanto, fija a la Secretaría de Energía de la Nación como la aseguradora de la “uniformidad del precio de venta al público de los combustibles líquidos en todo el territorio de la República Argentina”.
En el caso de incumplimiento, las disposiciones del texto que impulsa el radicalismo prevé sanciones y multas referidas al precio englobadas en el Régimen de Lealtad Comercial, en la Ley de Defensa del Consumidor y/o en la Ley de Defensa de la Competencia.
Por último, el artículo 7 propone que el Poder Ejecutivo invite a las provincias y a la Capital Federal a conformar una mesa federal para eliminar o armonizar la imposición del impuesto a los Ingresos Brutos y otros tributos que graven la comercialización de combustibles.
El texto, que toma como base uno del exsenador Luis Naidenoff, lleva la firma de senadores del interior como Carolina Losada, de Santa Fe; Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi, de Corrientes; Flavio Fama, de Catamarca; y Pablo Blanco, de Tierra del Fuego.
