Reforma del Estado: bajo una medida de Gobierno, se evaluará a 40.000 empleados públicos en diciembre

El Gobierno anunció este jueves que llevará adelante un proceso donde se evaluará la idoneidad de los trabajadores estatales. El anuncio lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia en Casa Rosada. Se trata de un examen que abarcará a 40.000 empleados públicos.
 
En su habitual exposición ante la prensa, el funcionario se refirió a una serie de temas de coyuntura, incluido el blindaje de Diputados al veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, al tiempo que adelantó la implementación del examen para los agentes del Estado.

Al respecto, Adorni señaló que la evaluación comenzará a aplicarse en diciembre y que, en principio, abarcará a 40 mil personas. "A todos los que se le renueva el contrato que vence el 31 de diciembre y no para personal de planta permanente", apuntó.

En ese sentido, agregó que ,para garantizar que sea una instancia objetiva, se tomará a través de medios electrónicos.
 
"El examen va a ser online para que, por supuesto, no haya subjetividades en el proceso. Esto está establecido en la ley Bases, en el marco del decreto reglamentario del empleo público", dijo el vocero.

Paralelamente, aclaró que "las personas discapacitadas no van a participar del examen en primera instancia, ya que los sistemas requieren de una adaptación adicional. Esto va a ocurrir en el mes de diciembre, que es cuando los contratos de planta transitoria vencen".

Por otra parte, comentó que "va a ser un requisito necesario pero no suficiente, ya que después, por supuesto, van a definir la renovación o no por los parámetros usuales si la persona merece la renovación del contrato. No hay por ahora otras precisiones disponibles".

En la senda de la reforma del Estado, el funcionario también reveló que el Gobierno "decidió poner en manos del sector privado la gestión para operar y mantener las rutas nacionales concesionadas, que se encuentran mayormente a cargo de Corredores Viales S.A”.

“Las empresas que finalmente sean concesionarias van a cobrar la tarifa de adjudicación recién una vez que hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones. De esta manera, se estima que el Estado tendrá un ahorro de 5.600 millones de dólares”, dijo.