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En virtud a las reiteradas amenazas de bombas en los establecimientos educativos de la ciudad de Río Grande, el Jefe de la Comisaria Primera, el Comisario Inspector López Lotero, habló con FM Del Pueblo y profundizó sobre lo que conlleva efectuar los operativos, como también en los tiempos que demanda la investigación para poder dar con los responsables.
En primer lugar, el Comisario Inspector López Lotero indicó que las amenazas de bombas “viene hace años, si nos remontamos a muchos años atrás también se hacía, pero ahora se está volviendo a repetir esta tendencia”.
En ese punto, resaltó que a pesar de que muchas sean falsas amenazas “desde el ámbito policial, nosotros obviamente tenemos que acudir a cada intervención que se da para descartar que esto no pase a mayores. Esto lleva un proceso que hay que hacerlos sí o sí porque independientemente de que podamos a llegar a decir ‘Es una picardía de los chicos’, tenemos que descártalo”.
“Por eso contamos con una división de explosivos que va a verificar y descartar que no haya ningún tipo de peligro”, agregó.
Al ser consultado sobre de qué forma avanza la investigación en torno a estas reiteradas amenazas, Loreto explicó que “esto lo que conlleva es hacer actuaciones judiciales, porque estamos hablando de un delito que hay que investigarlo y que también conlleva su tiempo. Lo que hay que hacer es dar la intervención la Juzgado y los trámites de rigor independientemente del resultado”, resaltó.
En cuanto a la recepción de las llamadas, el titular de la Comisaria Primera detalló que “algunas amenazas son a la central del 101, otras son directamente con llamadas a los colegios y del colegio dan aviso a la policía” y aclaró que “no siempre ingresa el llamado de la misma forma”.
De forma posterior, hizo hincapié en los posibles responsables y de qué forma se actúa para poder dar con ellos “si los llamados los recibimos en la central de la policía (101), tenemos un registro de llamadas donde se puede llegar a tener algún identificador, pero son cuestiones más complejas porque eso se tiene que pedir mediante un orden judicial porque nosotros no podemos investigar un número y llegar al propietario”.
Por último, López Loreto puntualizó en que “esta picardía puede llegar a un allanamiento en la casa de un menor o de la persona que sea, porque el teléfono corresponde a tal persona o a tal domicilio, por eso hay que tener fehacientemente quien produce el llamado”, finalizó.
