Moisés Solorza pidió impugnar la audiencia pública donde se trató el exorbitante aumento en la tarifa de gas y también pidió que se judicialice el pedido de devolución de los 46 millones de dólares en obras que no hizo Camuzzi Gas del Sur. Otro pedido que hizo fue la quita de la concesión a la prestadora y que la distribución vuelva a manos del Estado.
Tierra del Fuego 10/01/2024
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El referente de Compromiso Federal de Tierra del Fuego y Soberanos Tierra del Fuego, a la sazón ex Secretario de Energía de la Provincia, Moisés Solorza, participó de la Audiencia Pública, donde se trata el aumento de la tarifa de gas, convocada por el Ente Nacional Regulador de Gas, (ENARGAS).
Recordó que hace unos años, “a partir de que Juan José Aranguren se negó a decir cuánto es y cuánto cuesta el millón de BTU en boca de pozo al inicio del sistema de transporte para poder determinar la cadena de precios y valores que va a pagar el consumidor argentino, el usuario y la usuaria, nos negamos rotundamente a que esta audiencia pública sea convalidada y nos vamos a sumar a la impugnación por parte de Compromiso Federal de Tierra del Fuego, por parte de Soberanos Tierra del Fuego y la multisectorial por los Derechos Humanos de Tierra del Fuego que está haciendo manifestaciones frente a la prestadora de servicios”, dijo Solorza en dicha audiencia.
Asimismo, instó al Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur Gustavo Melella, “a impugnar esta audiencia pública por ser inconstitucional y por haber denunciado frente a estas cámaras, frente a la Audiencia Nacional, la falta de inversión por parte de la prestadora del servicio Camuzzi Gas del Sur, por 46 millones de dólares, de los cuales el erario se impuso frente a la falta de inversiones”.
Solorza entendió que “esta denuncia tiene que ser tomada por el Secretario de Energía de la Nación para estipular urgentemente una auditoría técnica, económica y contable de la prestadora del servicio en Tierra del Fuego, para determinar si es necesario o no, si se han cumplido o no, las leyes y los objetivos fijados para su privatización. De lo contrario, instamos a que el Gobierno de la provincia, los intendentes, los concejales, a los diputados argentinos que le pidan al Gobierno nacional la desprivatización del sistema para que vuelva a manos del Estado o que el Estado decida nuevamente cuál va a ser el camino de la prestadora del servicio”.
Consideró que “es una vergüenza lo que estamos asistiendo, una complicidad inaceptable por parte del Estado nacional que pide aumentos semanales para seguir estafando al pueblo argentino con respecto a los cuadros tarifales que ni siquiera se dignaron a presentar, comparando vergonzosamente con un litro de leche lo que puede pagar o no una familia argentina y mucho más, en la zona insular donde nos encontramos”.
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