Como todo en nuestro país, todo es blanco o negro, River – Boca, derogación completa o la dejamos así como está y nos hacemos los distraídos. Destruir mediáticamente la ley de alquileres es retroceder en un norma muy esperada y que venía a poner un marco regulatorio más claro sobre los derechos y obligaciones del locador y del locatario.

Lo que escapa a cualquier lógica es el artículo 14 que fija las actualizaciones de los alquileres atados a los índices de precios al consumidor y remuneración promedio de los trabajadores estables. En que habrán pensado nuestros legisladores, cuando digo “nuestros” hablo de todo el arco político, para votar semejante bomba de tiempo; en un país con un 50% de inflación anual y con una pobreza de igual porcentaje. Habrán pensado en cómo iba a repercutir esto en los inquilinos; yo creo que no.

Y no solo este desastre legislativo afectó a los inquilinos sino también a los propietarios cuando se les obligó por el artículo 16 a declarar los contratos ante la AFIP; si se pretendía terminar de dinamitar la oferta de alquileres, lo lograron con creces. Los propietarios decidieron retirar sus propiedades del mercado inmobiliario o directamente deshacerse de ellas vendiéndolas. Cualquier ciudadano entiende perfectamente que cuanto más oferta haya menor será el precio, todos entendemos este concepto, o no?

Increíblemente después de conocerse el primer índice de indexación a aplicar a los contratos nuevos, desde la vigencia de la Ley, el índice superaba el 40% y ante los reclamos desesperados de los inquilinos no se ha corregido inmediatamente el despropósito del artículo 14. La corrección de este artículo es sustancial para no destruir los bolsillos de los ciudadanos y requiere atención y premura de los representantes legislativos. Ante una sociedad altamente golpeada económicamente por las medidas restrictivas y absurdas tomadas por la gestión de los Fernández no hay espacio para la lentitud ni apatía respecto a este tema crucial.

Durante la década kirchnerista se instaló un prejuicio viciado de resentimiento, ricos contra pobres. Uno de esos prejuicios es propietarios vs inquilinos. Si pretendemos volver a tener una sociedad sana hay que trabajar en la erradicación de ellos. Considerar al propietario como un ciudadano pudiente que puede soportar meses de deuda de su inquilino y no poder desalojarlo, es absolutamente absurdo. Quienes han podido durante su vida ahorrar y comprar una propiedad para alquilarla, en muchos casos significa hoy su ingreso mensual para vivir. Lejos está de que los propietarios sean ciudadanos acaudalados que puedan soportar meses de alquileres adeudados o congelados como dispuso por DNU el Presidente.

Esta Ley requiere ser ajustada, sin desproteger a ninguna de las partes, no debe convertirse en una batalla entre locadores y locatarios; se debe preservar la libertad de los privados para negociar atento a la dinámica de la oferta y la demanda dentro de un marco general de obligaciones y derechos. La crisis que atravesamos no da margen para dilatar los tiempos y requiere reparar urgentemente los errores cometidos.

Las leyes en tiempos volubles deben permitir flexibilidad y ser una herramienta que acompañe al crecimiento y no que entorpezca la vida de los ciudadanos.

Autores : Ricardo Garramuño y Analía Casal