Malvinas: el Tribunal del Mar confirmó cuándo resolverá el pedido argentino para frenar el proyecto Sea Lion

El organismo internacional dará a conocer su resolución el sábado 28 de noviembre, a las 12 horas de Hamburgo. Argentina solicitó medidas provisionales para impedir que Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
MALVINAS21/11/202619640 Noticias19640 Noticias
Tribunal del Mar

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) confirmó la fecha en la que dará a conocer su decisión sobre el pedido presentado por la Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. La resolución será leída durante una sesión pública el próximo sábado 28 de noviembre, al mediodía (hora de Hamburgo), según informó oficialmente el organismo.

La decisión estará a cargo del juez Maurice Kamga, presidente del Tribunal, y será el resultado de las actuaciones desarrolladas en el marco del Caso N.º 37, iniciado a partir de la solicitud argentina de medidas provisionales contra el Reino Unido.

El reclamo fue presentado formalmente el 13 de octubre de 2026, en virtud del artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La Argentina busca que se adopten medidas urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia de fondo.

La presentación está vinculada con la explotación de recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sudoccidental, particularmente en la plataforma continental de las Islas Malvinas, cuya soberanía reclama la República Argentina. El proyecto Sea Lion contempla el desarrollo de un yacimiento petrolero en la Cuenca Malvinas Norte, con participación de las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

En su solicitud, el Gobierno argentino pidió que se ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos vinculada con Sea Lion. También solicitó que se abstenga de utilizar información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que permita a la Argentina cumplir con sus obligaciones de protección del medio marino y que no otorgue nuevas autorizaciones para explotar recursos en las áreas marítimas en disputa.

El planteo llegó a la instancia de audiencias públicas los días 10 y 11 de noviembre, cuando las delegaciones de ambos países expusieron sus argumentos ante los magistrados en Hamburgo, Alemania.

Durante esas jornadas, la representación argentina defendió la necesidad de establecer medidas cautelares para preservar los derechos que reivindica sobre los recursos naturales de la plataforma continental. Por su parte, el Reino Unido cuestionó los fundamentos jurídicos del pedido y solicitó que el Tribunal rechazara las medidas provisionales requeridas por Buenos Aires.

Finalizadas las exposiciones, ambas partes presentaron sus alegatos finales y el organismo inició la etapa de deliberación. Inicialmente, la fecha de lectura de la resolución había sido establecida de manera tentativa para el 28 de noviembre, pero el pasado 18 de noviembre el Tribunal confirmó oficialmente que mantendrá esa fecha.

La resolución tendrá especial relevancia para el desarrollo del proyecto petrolero y para la estrategia jurídica argentina en la controversia con el Reino Unido. Entre las posibilidades se encuentra que el Tribunal disponga las medidas provisionales solicitadas, que adopte solamente algunas de ellas o que rechace el planteo.

Cabe señalar que esta instancia no constituye una decisión definitiva sobre la soberanía de las Islas Malvinas ni sobre el fondo de la controversia, sino que se limita a resolver el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina mientras continúa el procedimiento arbitral correspondiente.

De esta manera, el próximo 28 de noviembre se conocerá la respuesta del Tribunal del Mar a una presentación argentina que busca frenar el avance de la explotación hidrocarburífera británica en la Cuenca Malvinas Norte y preservar los derechos que el país sostiene sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.

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