
Torturas en Malvinas: Ernesto Alonso confirmó una audiencia ante la Corte Suprema
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En diálogo con FM Radio del Pueblo, el excombatiente de la guerra de Malvinas, socio fundador y secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, Ernesto Alonso, se refirió al estado de la causa por las torturas denunciadas por soldados argentinos durante el conflicto bélico de 1982. Confirmó que fueron convocados a una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia para el próximo jueves 26 de noviembre y expresó sus expectativas de que el máximo tribunal permita avanzar con la investigación judicial.
En primer lugar, Ernesto Alonso explicó que el CECIM La Plata recibió la notificación de una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del proceso para integrar el tribunal con conjueces y resolver los recursos vinculados con la causa por torturas a soldados argentinos durante la guerra de Malvinas: “Nos notificaron en el día de ayer, hay una audiencia el próximo jueves, creo que acá del 26 de noviembre”, señaló. En ese sentido, explicó que la convocatoria responde a que los tres integrantes actuales de la Corte no habrían alcanzado una posición común para resolver el expediente.
El excombatiente recordó que el máximo tribunal debería estar integrado por cinco miembros y que, ante la falta de unanimidad entre los tres jueces actuales, corresponde convocar a conjueces: “Estamos muy expectantes, estamos en unos momentos que esto se tiene que resolver”, afirmó.
Alonso indicó que el expediente lleva muchos años en manos de la Corte Suprema y que, en 2015, el CECIM también recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, sostuvo que existen pruebas suficientes sobre los hechos denunciados y recordó que hubo dictámenes de la Procuración General de la Nación que consideraron que las denuncias deben ser investigadas: “Estamos hablando de hechos de tortura donde el Estado tiene la obligación de investigar”, remarcó.
Consultado sobre la cantidad de personas señaladas en la causa, Alonso precisó que existen aproximadamente 200 militares denunciados por los hechos. Sin embargo, aclaró que la investigación no debe limitarse a quienes habrían ejecutado directamente las torturas, sino que también debe contemplar la cadena de mando de las Fuerzas Armadas: “Dentro de lo que son las estructuras militares en la cadena de mando, acá hay una responsabilidad piramidal”, explicó.
Y agregó: “Si un cabo, un sargento o un subteniente fue denunciado por hechos de tortura, en la estructura de responsabilidad de las Fuerzas Armadas, la cadena de mando también es responsable”.
El referente del CECIM sostuvo que las torturas no fueron episodios aislados, sino que se habrían registrado en distintas posiciones militares de las Islas Malvinas: “Cuando vemos que en el Monte Longdon hubo tortura, cuando en el Cerro de Dos Hermanas hubo tortura, cuando en el Monte Tumbledown hubo tortura, y hubo tortura en lo que era el área del Virijo Aeropuerto, por parte de la Fuerza Aérea, y también hubo tortura en San Carlos”, enumeró.
En esa línea, sostuvo: “No eran hechos aislados que alguien se le ocurrió. Estaba dentro de la aplicación de estos tipos de metodologías, por supuesto, autorizados o ejerciendo alguna instrucción, una orden, para ser utilizados en los distintos lugares que teníamos las posiciones”.
Alonso también hizo referencia a la gravedad de los hechos denunciados y afirmó que algunos casos terminaron con la muerte de soldados. Aseguró que existen registros en documentos oficiales de las propias Fuerzas Armadas y en informes de organismos de derechos humanos: “Sí, hubo casos que terminaron en la muerte de los soldados, casos de asesinatos. Está todo documentado, está en los propios documentos oficiales de las Fuerzas Armadas, los informes que hicieron los organismos de derechos humanos”, manifestó.
El excombatiente señaló que la causa también tiene una dimensión histórica, porque considera que la posibilidad de investigar judicialmente permitirá reconstruir hechos que, según sostuvo, fueron ocultados y silenciados durante décadas: “Porque todo proceso judicial también reescribe la historia, una historia totalmente ocultada, ¿no? Y silenciada en muchos casos”, expresó.
Alonso cuestionó las demoras judiciales y manifestó su preocupación por la posibilidad de que factores políticos condicionen la resolución del expediente. No obstante, dijo esperar que la Corte Suprema actúe sin presiones y habilite la continuidad de la investigación. “Esperemos que no, ojalá que no sea así”, respondió al ser consultado sobre la influencia que podría tener el contexto político nacional.
En ese marco, recordó que los excombatientes llevan 44 años reclamando por estos hechos y sostuvo que la decisión que esperan de la Corte no implica establecer condenas, sino permitir que las instancias judiciales inferiores investiguen las denuncias: “Estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia le permita a las instancias inferiores solamente investigar. Después se verá si la persona denunciada le cabe algún tipo de pena o de condena”, aclaró.
Finalmente, advirtió que, si no obtienen una respuesta favorable, podrían continuar recurriendo a organismos internacionales: “No podemos dejar esto tapado bajo la alfombra y que quede la impunidad para siempre”, concluyó.



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