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El secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), Ernesto Alonso, cuestionó la política del Gobierno nacional en torno a la Cuestión Malvinas, los acuerdos con el Reino Unido y el avance de proyectos hidrocarburíferos en áreas vinculadas a la plataforma continental argentina. En diálogo con Radio Provincia, también se refirió a la causa que tramita en la Justicia Federal de Río Grande y advirtió sobre los posibles riesgos ambientales de la explotación offshore.
Alonso analizó el escenario actual en torno a la soberanía sobre las Islas Malvinas y cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno de Javier Milei. En diálogo con Radio Provincia, sostuvo que desde el inicio de la actual gestión nacional el CECIM realiza una determinada caracterización sobre la política vinculada al archipiélago: “Nosotros la caracterización que hacemos desde el comienzo del gobierno de Javier Milei es que lamentablemente todo demuestra que están llevando adelante un plan sistemático de entrega, entrega de la soberanía”, afirmó.
El dirigente también recordó el restablecimiento del acuerdo conocido como Foradori-Duncan y cuestionó las políticas vinculadas con las actividades económicas en sido derogado durante los últimos momentos del gobierno de Alberto Fernández y posteriormente reinst al entendimiento entre la entonces canciller argentina Diana Mondino y su contraparte británico, David las Islas Malvinas.
En ese sentido, señaló que se busca "dejar de lado todos los obstáculos para el mejoramiento económico en las áreas de pesca y de petróleo en las Islas Malvinas” y recordó que el acuerdo había sido derogado durante los últimos momentos del gobierno de Alberto Fernández y posteriormente reinstalado por la actual administración.
Alonso también mencionó el denominado acuerdo Mondino-Lamy, en referencia al entendimiento entre la entonces canciller argentina Diana Mondino y su contraparte británico, David Lammy.
Otro de los puntos cuestionados por el secretario de Derechos Humanos del CECIM fue la posición respecto del principio de autodeterminación de los habitantes de las Islas. Alonso sostuvo que el Gobierno nacional estaría otorgando a quienes viven actualmente en el archipiélago la posibilidad de invocar ese principio: “El presidente de la nación está dándole la posibilidad a quienes hoy ocupan las Islas Malvinas de esa población insertada, después de la ocupación de 1833, donde desalojan a los argentinos, la posibilidad del principio de la autodeterminación”, manifestó.
En esa línea, planteó que el principio de autodeterminación corresponde a los pueblos y sostuvo que los habitantes actuales de las Islas no constituyen, desde su perspectiva, un pueblo originario. También citó la Resolución 2065 de Naciones Unidas y otras resoluciones relacionadas con la cuestión Malvinas, señalando que estas instan a las partes a negociar y establecen límites respecto de acciones unilaterales.
Alonso también se refirió al establecimiento de una nueva conexión logística entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. Según explicó, el anuncio se produjo mientras el presidente Javier Milei se encontraba en Chile junto al presidente Gabriel Boric —N. del material: Kast—, y sostuvo que la empresa mencionada comenzaría a realizar viajes desde el puerto de Punta Arenas: “Ese mismo día se anunciaba desde Punta Arenas que la empresa AIL, que es una naviera que hace la comunicación logística con la isla de Pascua, iba a realizar a partir de noviembre una comunicación logística vía un barco, una vez por mes saliendo del puerto de Punta Arenas”, relató.
Alonso cuestionó que el Gobierno nacional no se hubiera pronunciado sobre esa situación y señaló que el CECIM envió una carta documento al canciller Quirno para solicitar una respuesta. Según afirmó, consideran que esta situación podría vulnerar la Constitución Nacional, particularmente la cláusula transitoria primera, y sostuvo que se estaría facilitando la logística vinculada con la presencia británica en las Islas.
En paralelo, Alonso destacó la presentación realizada ante la Justicia Federal de Río Grande, junto con la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina. El dirigente explicó que la presentación fue realizada el primero de septiembre y que apunta a que la Justicia se expida sobre determinadas actividades hidrocarburíferas vinculadas con áreas que, según planteó, forman parte de la plataforma continental argentina.
Alonso sostuvo que estarían involucradas distintas normas, entre ellas la Ley de Hidrocarburos, y planteó que el objetivo es avanzar sobre las actividades desarrolladas en esas áreas. Respecto de la causa, indicó: “La causa recién está arrancando, la jueza se declaró competente y ha pedido una serie de requisitos”. A partir de este proceso, planteó la necesidad de analizar el denominado “costo-beneficio de la usurpación”.
Alonso también hizo referencia a empresas que, según sostuvo, operan en áreas de concesión vinculadas con la plataforma continental argentina: “Me parece que hay muchísimos factores porque además se están observando que muchas de las empresas que operan de forma ilegal e ilegítima en estas áreas de concesión que están en la plataforma continental argentina están operando en nuestro territorio”, afirmó.
En ese contexto, vinculó la actividad con Vaca Muerta, a la que definió como una de las mayores reservas de petróleo no convencional. Para Alonso, las organizaciones civiles y las instituciones deben asumir un papel activo en el seguimiento de la cuestión: “Tenemos que fortalecernos dentro de la comunidad internacional y también dentro de lo que es las organizaciones civiles de la sociedad”, expresó.
Además, sostuvo que la estrategia debería apuntar a intervenir sobre el esquema de inversiones relacionado con estos proyectos: “Hay que tocarle el costo-beneficio de la usurpación”, insistió.
El secretario de Derechos Humanos del CECIM también relacionó la situación de Malvinas con el vínculo entre el Gobierno argentino y Estados Unidos. En ese sentido, cuestionó el posicionamiento de la administración de Javier Milei frente al gobierno de Donald Trump: “Me parece que el problema es el siguiente, lo que estamos observando es que hay un plan sistemático de entrega para dejar a los 48 millones de argentinos afuera con la ñata contra el vidrio, y para transformarnos en proveedores de materias primas que necesitan estas potencias”, afirmó.
Alonso también cuestionó la participación de Estados Unidos en la cuestión Malvinas y sostuvo que: “Lo peor que pudo hacer Milei es meter en este tema a los Estados Unidos”.
En relación con la actividad pesquera en torno a las Islas, mencionó además el origen de los recursos vinculados al sostenimiento del enclave y señaló la participación de empresas y trabajadores españoles en la actividad.
Otro de los ejes de sus declaraciones estuvo relacionado con la legislación de defensa y seguridad nacional impulsada por el Gobierno. Alonso cuestionó aspectos del proyecto y sostuvo que, a su entender, determinadas disposiciones podrían implicar un condicionamiento para la democracia: “A partir del capítulo segundo es aplicar nuevamente la doctrina Monroe y la doctrina del control estratégico de nuestro país”, afirmó.
También señaló que la legislación vigente en materia de defensa debería mantenerse como marco de referencia: “La ley de defensa nacional existe, está vigente, hay que aferrarse a eso”, sostuvo.
Alonso cuestionó además el sentido que atribuye a la nueva legislación y vinculó su impulso con el escenario político nacional, expresando su interpretación de que podría ser utilizada para perseguir opositores.
Finalmente, Alonso volvió sobre la causa judicial que tramita en Río Grande y destacó que la jueza Borruto se declaró competente y solicitó distintas diligencias. Según explicó, desde el CECIM esperan que la investigación permita conocer la cadena de financiamiento de los proyectos hidrocarburíferos cuestionados: “Creo que esto nos va a permitir ventilar toda la cadena de lo que es el financiamiento de estos proyectos que además hay un alto riesgo, por eso se planteó un alto riesgo de cuestión ambiental y soberana”, señaló.
En ese marco, advirtió sobre las consecuencias que podría tener un eventual incidente durante una explotación offshore: “Son empresas que son pequeñas pymes y que no tienen la capacidad de asumir cualquier situación que en general existe en la explotación offshore de algún derrame de petróleo que puede contaminar todas las costas de la Patagonia de la República Argentina”, concluyó.
