19640 Noticias
El secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, Ernesto Alonso, destacó la resolución de la Justicia Federal de Río Grande en el marco de la acción preventiva ambiental impulsada por el organismo junto con la Asociación de Abogados Ambientalistas. En diálogo con Radio Provincia, Alonso también se refirió a la política nacional sobre Malvinas, los recursos naturales y la situación de Tierra del Fuego.
En primer término, Ernesto "Beto" Alonso calificó como “muy importante” la resolución de la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, y explicó que la presentación realizada por el CECIM y la Asociación de Abogados Ambientalistas buscaba que la Justicia analizara las actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio de las Islas Malvinas.
“Ha sido una resolución muy importante. En uno de los primeros pasos que se declaró competente, después avanzar con esta medida cautelar que era lo que pretendíamos de un principio como una parte, para empezar a analizar y a investigar todos estos mecanismos, estas acciones que se están llevando adelante en forma violatoria a nuestras leyes”, sostuvo.
En ese sentido, agregó que el objetivo de la acción presentada el 1 de septiembre fue que “la justicia argentina haga cumplir las leyes en el territorio argentino”.
Alonso también planteó que la presentación se relaciona con la situación de las empresas que realizan actividades hidrocarburíferas en el área en disputa: “Porque estamos hablando del territorio que está usurpado, de empresas que están violando las leyes de nuestro país, que en forma ilegal y legítima han concedido licencias de, en este caso, de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio que está en disputa”, afirmó.
El dirigente del CECIM hizo referencia además a resoluciones de Naciones Unidas y sostuvo que existen disposiciones que, según su interpretación, impiden que alguna de las partes avance unilateralmente con determinadas acciones en el área en disputa: “Así que, en principio, la acción preventiva de daño solicitada contra Rockhopper y, en este caso, contra Navitas Petroleum, se ha producido, ¿no? La verdad que es un paso muy importante”, señaló.
Sobre el carácter preventivo de la medida, explicó: “Este tipo de acción, el daño ambiental, no se necesita probarlo, digamos. Hay una medida preventiva porque así también lo establece este tipo de legislación”.
Durante la entrevista, Alonso vinculó la protección ambiental con la defensa de la soberanía nacional y recordó un antecedente judicial relacionado con la Ley de Tierras: “El concepto de esta acción tiene que ver con la protección del medioambiente y de la soberanía. Nosotros logramos un antecedente muy importante cuando actuamos en la defensa de la ley de tierras que este gobierno quiso derogar, ¿no? Con el decreto 7020/23”, expresó.
Según explicó, en aquella causa la Justicia habría considerado que la defensa de la soberanía constituye un bien tutelable, criterio que, de acuerdo con Alonso, también estaría presente en la resolución de Borruto: “Es el mismo concepto que está utilizando la jueza Mariel Borruto en este caso, ¿no?”, manifestó.
Consultado sobre el proyecto de ley anunciado por el Gobierno nacional para endurecer las sanciones vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas, Alonso señaló que todavía no había podido analizar el texto: “Eso lo veremos a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Sí, recién recién vimos, se estaba descargando el proyecto de ley que mandó por Ejecutivo Nacional. Bueno, vamos a hacer un análisis, no puedo opinar nada porque no lo leí”, respondió.
Sin embargo, planteó cuestionamientos sobre otras acciones que, según sostuvo, se están desarrollando en paralelo. En particular, mencionó una comunicación enviada al canciller Pablo Quirno y se refirió a anuncios sobre una nueva ruta de suministro desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas: “Ahora, lo que yo te digo concretamente es que hay cuestiones que hoy están sucediendo y el gobierno no dijo absolutamente nada”, afirmó.
Alonso también mencionó una reunión de negocios prevista en Punta Arenas para el 28 y 29 de septiembre, a la que vinculó con actividades comerciales relacionadas con las Islas.
En otro tramo de la entrevista, el secretario de Derechos Humanos del CECIM cuestionó distintas políticas económicas y científicas del Gobierno nacional y las vinculó con su concepción de la soberanía: “Porque lamentablemente lo que estamos observando, y esto lo hemos caracterizado desde el primer momento, que este gobierno está llevando adelante un plan sistemático de entrega”, sostuvo.
Alonso hizo referencia específicamente a Tierra del Fuego, a la pérdida de puestos de trabajo que atribuyó a las políticas económicas nacionales y al rol estratégico que le asigna a la provincia.
También cuestionó decisiones relacionadas con el sistema científico y tecnológico, el proyecto nuclear CAREM y el programa satelital ARSAT, además de referirse al financiamiento de la educación pública y las universidades.
Para Alonso, la soberanía no se limita a una cuestión territorial, sino que incluye aspectos económicos, científicos, tecnológicos y sociales.
El dirigente también volvió sobre el denominado acuerdo Mondino-Lamy, al que vinculó con el antecedente conocido como Foradori-Duncan: “Ese acuerdo, el Mondino-Lammy, dice textualmente que vamos a correr todos los obstáculos para el desarrollo económico de las Islas Malvinas en las áreas en común, y habla de petróleo y de pesca”, manifestó.
A partir de ese planteo, Alonso expresó sus cuestionamientos respecto de la orientación geopolítica del Gobierno nacional y la relación de Argentina con Estados Unidos.
Hacia el final de la entrevista, Alonso sostuvo que la cuestión de la soberanía debe abordarse de manera integral y reclamó acuerdos políticos de largo plazo: “Todo tiene que ver con la soberanía es integral y en tanto y en cuanto no pongamos el norte y haya un gran acuerdo nacional de las grandes mayorías”, afirmó.
También cuestionó la política exterior argentina y mencionó la relación con países de la región, entre ellos Uruguay y Brasil, en el marco de sus planteos sobre la logística y el abastecimiento de las Islas Malvinas.
Finalmente, Alonso planteó una preocupación vinculada con las actividades hidrocarburíferas y la necesidad de infraestructura logística para su desarrollo: “¿Sabés la preocupación? Porque este presidente puede firmar cualquier cosa y para la explotación de recursos hidrocarburíferos necesitan un punto de apoyo logístico. En esa situación estamos. Esa es nuestra observancia”, concluyó.
