
El Gobierno modificó el RIGI: empresas extranjeras podrán ser consideradas proveedoras locales
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El Gobierno nacional introdujo modificaciones en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y estableció que las empresas constituidas y radicadas en Argentina podrán ser consideradas proveedoras locales, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o del origen de su capital. La medida fue oficializada mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y modifica el Decreto 749/2024, que reglamentó el capítulo de la Ley Bases correspondiente al régimen de promoción de grandes inversiones.
Según los fundamentos del Ejecutivo, la experiencia acumulada desde la implementación del RIGI hizo necesaria una serie de adecuaciones para precisar determinados aspectos de su funcionamiento y facilitar la participación de empresas radicadas en el país en los proyectos alcanzados por los beneficios del régimen.
Uno de los principales cambios está relacionado con la definición de proveedor local. A partir de la nueva redacción, serán considerados como tales las personas humanas con domicilio fiscal en Argentina y las sociedades constituidas y radicadas en territorio nacional que suministren bienes o presten servicios a proyectos adheridos al RIGI.
De esta manera, una compañía con capital extranjero podrá ser considerada proveedora local siempre que esté constituida y radicada en el país. Para los bienes, sin embargo, continuará vigente el criterio de origen nacional establecido por las normas del Mercosur.
El Gobierno sostiene que esta modificación apunta a ampliar la participación de las empresas instaladas en Argentina en las cadenas de suministro de los grandes proyectos de inversión, evitando que la nacionalidad de los accionistas represente por sí sola una limitación.
Otro de los aspectos modificados corresponde a los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Para estas iniciativas, el decreto establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión exigido para el proyecto en su conjunto, diferenciándola de los compromisos de inversión correspondientes a cada una de sus etapas.
El objetivo de esta modificación es evitar interpretaciones confusas entre los plazos y las obligaciones de inversión generales y los establecidos para cada fase, sin modificar los montos mínimos previstos.
La normativa también introduce cambios en las condiciones para la compraventa de participaciones de empresas adheridas al régimen. A partir de ahora, terceros podrán adquirir acciones de estas compañías sin que la operación implique la pérdida de los beneficios del RIGI. Sin embargo, el dinero destinado a la compra de esas participaciones no podrá contabilizarse como inversión para cumplir con los montos mínimos exigidos por la normativa.
En el caso de las uniones transitorias de empresas (UTE) y otros contratos asociativos que funcionen como vehículos de proyectos adheridos, también se habilitó la posibilidad de ceder participaciones o incorporar nuevos socios.
Para concretar estas operaciones, deberán informar a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días posteriores a la inscripción de la modificación. Además, será necesario contar con el consentimiento de los restantes integrantes y acreditar que el nuevo participante asume los compromisos de inversión y las garantías pendientes.
El organismo tendrá un plazo de 30 días para formular objeciones. Si no se pronuncia dentro de ese período, la modificación se considerará aprobada. No obstante, el socio que se retire continuará siendo responsable solidariamente por las obligaciones generadas hasta el momento de su salida.
Otro punto de la reforma alcanza a las sucursales dedicadas, que podrán transferir la totalidad de sus activos, pasivos y obligaciones vinculados al proyecto a una sociedad anónima creada específicamente para ese fin, siempre que cuenten con autorización previa.
En esos casos, la nueva sociedad asumirá la posición de la sucursal, junto con sus beneficios y compromisos, sin necesidad de realizar una nueva adhesión al régimen ni modificar la fecha original de ingreso o los plazos establecidos. El decreto aclara que esta autorización no reemplaza los consentimientos de terceros que puedan resultar necesarios para transferir concesiones o permisos.
Finalmente, el Gobierno modificó las condiciones vinculadas con el acceso al mercado de cambios para las empresas que hayan recibido beneficios relacionados con los cobros de exportaciones.
La nueva disposición habilita al Banco Central a condicionar ese acceso para que las divisas ingresadas y liquidadas por las compañías igualen o superen los dólares que demanden. En ese cálculo también podrán computarse los fondos que aporten o consigan mediante deuda externa los accionistas directos o indirectos de los vehículos de inversión, los integrantes de las UTE y las casas matrices de las sucursales.
Para que esos recursos sean considerados, deberán estar efectivamente destinados al proyecto y contar con trazabilidad en los registros contables correspondientes.
Con estas modificaciones, el Ejecutivo introduce una serie de cambios en el funcionamiento del RIGI que amplían la definición de proveedores locales, flexibilizan determinadas operaciones societarias y precisan las condiciones de inversión y acceso a divisas para los proyectos incorporados al régimen.


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