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En comunicación con FM Radio del Pueblo, el secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Dr. Juan Vicente, explicó los alcances de la medida cautelar dictada por la jueza Mariel Borruto, que ordenó suspender la actividad pesquera de más de una docena de empresas extranjeras en aguas circundantes a las Islas Malvinas. Detalló que las compañías deberán ser notificadas a través de la Cancillería y explicó los fundamentos ambientales de la resolución, que busca evitar posibles daños irreparables en la biodiversidad marina.
En ese marco, el secretario del Juzgado Federal, Juan Vicente, confirmó que la medida cautelar alcanza a compañías que tienen principalmente sede en España y que desarrollan actividades extractivas en el Atlántico Sur bajo autorizaciones de un Estado que no tiene soberanía sobre las Islas Malvinas: “Ahora son más de una docena de empresas que tienen sede mayormente en España o en unas empresas vinculadas con Nueva Bretaña y que están usufructuando aparentemente empresas que no son del Estado Nacional argentino, por eso es que se ordenó que se cese con la actividad pesquera, hasta tanto pueda conocerse fehacientemente si cuentan con la autorización del Estado Nacional para realizar actividad extractiva en el mar Argentino”, explicó.
El funcionario precisó que la mayoría de las compañías alcanzadas son españolas y aclaró que el caso presenta características diferentes a las situaciones habitualmente asociadas con la pesca ilegal de embarcaciones extranjeras en el Atlántico Sur: “En este caso puntualmente no estamos hablando de una pesca ilegal, justamente no estamos hablando de los buques chinos. En este caso es distinto, son buques que están pescando en aguas circundantes a las Islas Malvinas y que están dentro del espacio marítimo directamente y ellos lo hacen bajo la convicción de la autorización de un Estado que no tiene soberanía sobre las Islas”, señaló.
Vicente explicó que la medida se originó en una demanda civil de naturaleza ambiental, que plantea que la explotación pesquera sin autorización del Estado Nacional puede provocar consecuencias sobre la biodiversidad marina: “En este caso se trata de una cuestión netamente vinculada con la pesca, es una cuestión que fue planteada en el marco de una demanda civil, es una cuestión de naturaleza ambiental, básicamente es fundado en la hipótesis de que esa explotación sin la autorización del Estado Nacional puede provocar un desequilibrio en la biodiversidad del mar Argentino”, indicó.
En ese sentido, sostuvo que toda actividad extractiva genera un impacto ambiental y que, cuando no existe autorización del Estado argentino, tampoco hay un beneficio para el país que permita justificar esa explotación: “Obviamente toda actividad extractiva tiene un impacto ambiental y el beneficio que eso trae. En este caso, al tratarse de una explotación que el Estado Nacional no autorizó, no hay beneficio para el Estado Nacional y sí hay un riesgo inminente, como propio de toda actividad extractiva de esta índole, que va a provocar un perjuicio en la biodiversidad dentro del mar Argentino”, manifestó.
El secretario también explicó que la cautelar responde a la necesidad de evitar que, mientras se analiza el fondo de la demanda, continúe una actividad que podría generar consecuencias ambientales irreversibles: “Las medidas cautelares se toman ante la verosimilitud del derecho, así que esto que plantea el demandante tiene un correlato legal, si hay algo que lo sustenta, los hechos en el derecho, y después el peligro en la demora, quiere decir que cuál es el perjuicio que se puede provocar si no se cesa con la actividad, pues justamente podría producirse un daño que sería imposible de reparar”, sostuvo.
Uno de los aspectos centrales de la resolución es el procedimiento para comunicar la decisión judicial a las compañías extranjeras. Debido a que tienen domicilio fuera de la Argentina, las notificaciones deberán realizarse mediante la Cancillería: “Como sucede en toda demanda donde hay demandados que tienen domicilio fuera de la Argentina, lo que hay que hacer son comunicaciones por intermedio de la Cancillería, que desde las relaciones exteriores es quien tiene a su cargo la representación del Estado Nacional ante la comunidad internacional”, explicó Vicente.
El funcionario agregó que las comunicaciones deberán llegar formalmente a las empresas para que tomen conocimiento de la resolución y puedan cumplirla.
Además de la suspensión de la actividad, se solicitó que las compañías presenten en el expediente documentación sobre las operaciones realizadas y la actividad extractiva desarrollada en el mar Argentino: “También será solicitado que presenten en el expediente todas las operaciones con las que cuentan y que acrediten su actividad extractiva en el mar Argentino, pero bueno, están en su derecho y pueden ofrecer una prueba que crean conveniente a su derecho, pero bueno, es una vez que estén notificadas y que se presenten al expediente”, detalló.
Consultado sobre los antecedentes de este tipo de intervenciones judiciales, Vicente señaló que el juzgado tuvo otras actuaciones relacionadas con actividades extractivas en la zona de Malvinas, aunque aclaró que esta causa presenta características particulares: “En materia pesquera de este tipo hemos tenido alguna causa anteriormente de otra índole, pero sí, de este tipo, de esta particularidad puntual de la situación, sí sería la primera”, concluyó.
