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El secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Juan Vicente, brindó detalles sobre la medida cautelar que ordenó frenar las actividades vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion (León Marino), ubicado al norte de las Islas Malvinas, y remarcó que las empresas involucradas no contaban con permisos otorgados por la República Argentina para avanzar con la explotación.
En diálogo con Radio Provincia, Vicente explicó que la resolución adoptada corresponde a una primera instancia del proceso y que todavía resta resolver el fondo de la cuestión. Según señaló, la jueza consideró que existían elementos suficientes para adoptar una medida preventiva mientras se determina si la actividad posee una autorización legítima y si puede ocasionar un daño ambiental que posteriormente resulte imposible de reparar.
Uno de los puntos centrales planteados durante la entrevista fue la falta de autorización de las autoridades argentinas. “No había permisos concedidos por Argentina para esa explotación”, afirmó Vicente. Además, indicó que tampoco se había realizado un estudio ambiental conforme a las exigencias del país.
El secretario del Juzgado Federal explicó que detrás de la discusión existe también una cuestión vinculada con la soberanía sobre los recursos naturales. “Las decisiones vinculadas con la explotación de recursos naturales es una decisión soberana”, sostuvo, y explicó que los Estados deben evaluar tanto los beneficios derivados de la extracción como los posibles daños ambientales que puede generar una actividad de estas características.
En ese sentido, Vicente señaló que lo cuestionado en el expediente es que la decisión de avanzar con la explotación se habría adoptado sin contemplar la voluntad de Argentina. Ante la posibilidad de que la actividad genere consecuencias ambientales que luego no puedan revertirse, explicó que la Justicia consideró necesario impedir preventivamente su inicio mientras continúa el proceso.
Vicente aclaró además que no se trata de una causa penal, sino de un expediente civil. Las partes deberán ofrecer las pruebas correspondientes y, una vez producidas, la Justicia tendrá que adoptar una resolución sobre el fondo de la demanda. Por el momento, la decisión tomada tiene carácter cautelar y busca evitar modificaciones que puedan tornar ineficaz una futura sentencia.
Finalmente, el funcionario judicial explicó que las dos empresas demandadas deberán ser notificadas de la medida y tendrán la posibilidad de presentarse y ejercer su defensa ante los tribunales argentinos. Debido a que se encuentran radicadas fuera del país, el procedimiento de notificación deberá realizarse por vía internacional, con intervención de la Cancillería argentina.
