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El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó cambiar el enfoque de la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni y pidió que la causa deje de tramitarse como un presunto enriquecimiento ilícito para pasar a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde se analizaría una posible evasión tributaria.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público consideró que las pruebas reunidas hasta el momento no permiten acreditar que el patrimonio cuestionado haya sido adquirido mediante un enriquecimiento injustificado durante el ejercicio de la función pública. Sin embargo, advirtió sobre posibles irregularidades vinculadas con bienes, ingresos y fondos que habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales.
El planteo no implica un sobreseimiento ni el cierre definitivo de la investigación. La decisión final quedará en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si corresponde remitir el expediente al fuero Penal Económico.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y analizó la evolución patrimonial de Adorni entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
Durante la investigación, Pollicita identificó gastos por 402.578,12 dólares, de los cuales 374.081,66 dólares habrían sido abonados en efectivo. Además, detectó una diferencia de 43.068.549 pesos entre los ingresos legítimos acreditados y el total de gastos, compras y cancelaciones de deudas registrados durante el período analizado.
Entre las operaciones examinadas figuraban la adquisición de un lote en el Country Indio Cuá, obras de refacción, compra de muebles, la escrituración de una propiedad ubicada en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.
Según el dictamen, algunas de estas operaciones se realizaron por fuera del circuito bancario o mediante la intervención de terceros.
Frente a los cuestionamientos sobre el origen de los fondos, la defensa de Adorni sostuvo que una parte importante del dinero provenía de una inversión en Bitcoin realizada entre 2014 y 2018.
La explicación presentada indicó que durante esos años habría utilizado ocho direcciones de autocustodia, con una inversión cercana a los 200.000 dólares. Posteriormente, al liquidar los activos digitales, habría obtenido 591.544,61 dólares, que mantuvo en efectivo.
Pollicita consideró que esta explicación no pudo ser desmentida mediante los elementos probatorios incorporados al expediente. El argumento central es que el delito de enriquecimiento ilícito requiere demostrar un incremento patrimonial injustificado producido durante el ejercicio de un cargo público.
En este caso, la defensa ubicó el origen de los fondos varios años antes de la llegada de Adorni al Poder Ejecutivo, en diciembre de 2023.
El fiscal también señaló que la investigación no logró establecer una vinculación entre esos recursos y un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita relacionada con el ejercicio de la función pública.
El dictamen incluyó además un análisis de los ingresos formales de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Entre los antecedentes económicos examinados se registraron compras conjuntas de divisas por 60.983 dólares entre 2011 y 2014, cifra que asciende a 83.472 dólares si se incorpora el año 2015.
La Fiscalía aclaró que esos movimientos no demuestran por sí mismos la inversión en criptomonedas ni permiten reconstruir la totalidad de los gastos familiares. No obstante, consideró que constituyen antecedentes económicos compatibles con la posibilidad de haber realizado aquella inversión.
También se identificó otra fuente documentada de divisas durante el período investigado: la venta de un inmueble heredado en La Plata por 50.000 dólares.
Pese a considerar que la explicación sobre el origen del núcleo patrimonial cuestionado no pudo ser descartada, Pollicita advirtió que todavía deben analizarse posibles incumplimientos tributarios.
En particular, el dictamen hizo referencia a que la propia defensa reconoció que parte de los bienes y fondos incorporados mediante declaraciones juradas rectificativas correspondían a información que anteriormente no había sido declarada.
También se mencionó que los ahorros familiares se habrían mantenido fuera del sistema bancario y sin haber sido informados oportunamente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
De esta manera, la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni podría continuar por una posible evasión tributaria, aunque el fiscal consideró que los elementos reunidos no alcanzan para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito durante su desempeño como funcionario público.
