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Las familias fueguinas enfrentan un escenario de fuertes aumentos en las tarifas de gas, producto de los sucesivos ajustes autorizados por el Gobierno nacional y de los cambios introducidos en el régimen de Zona Fría. La combinación de ambas medidas encarece un servicio esencial para los hogares de la provincia, donde el consumo de gas resulta indispensable para calefaccionar las viviendas durante gran parte del año.
Los datos de Camuzzi Gas del Sur permiten dimensionar parte de ese incremento. Durante los primeros siete meses de 2026, el Gobierno nacional autorizó ajustes sucesivos sobre el componente de distribución: 3,26% en enero, 3,89% en febrero, 3,44% en marzo, 3,03% en abril, 4,57% en mayo, 5% en junio y 3,29% en julio.
Aplicados de manera acumulativa, estos aumentos representan una suba cercana al 29,7% en el componente de distribución, sin contemplar las modificaciones posteriores. A esto se suman los nuevos cuadros tarifarios aprobados por Nación, que comenzaron a regir el 1 de noviembre.
Sin embargo, el incremento de las tarifas no es el único factor que explica el encarecimiento de las boletas. La modificación del régimen de Zona Fría introdujo un cambio central en la manera en que se calcula la bonificación que reciben los usuarios patagónicos.
Aunque formalmente se mantuvo el descuento del 50%, la reforma estableció que la bonificación dejara de aplicarse sobre los componentes de transporte y distribución y quedara limitada al precio del gas. En consecuencia, el porcentaje de descuento continúa figurando en el esquema, pero se calcula sobre una base menor, dejando una parte más importante de la factura a cargo de los consumidores.
El impacto de esta modificación fue advertido por especialistas del sector energético. El exsecretario provincial Moisés Solorza señaló que el nuevo mecanismo podría provocar incrementos de entre el 29% y el 32% en determinadas facturas residenciales, dependiendo de la categoría y del nivel de consumo.
Entre los ejemplos difundidos se encuentran modificaciones importantes en los cargos fijos. Para una categoría residencial, el importe pasaría de aproximadamente 8.300 a 16.700 pesos, mientras que en otra categoría subiría de 13.210 a 26.421 pesos. Se trata de incrementos que prácticamente duplican esos conceptos.
Por su parte, una evaluación de la consultora Economía & Energía estimó un aumento promedio anualizado del 26% para la subzona tarifaria de Tierra del Fuego como consecuencia de los cambios introducidos en el régimen de Zona Fría.
De esta manera, los usuarios enfrentan dos factores que presionan sobre sus economías: por un lado, los aumentos tarifarios autorizados durante el año y, por otro, una modificación del subsidio que reduce la protección económica que recibían los hogares patagónicos.
Si bien estos porcentajes corresponden a componentes y metodologías diferentes y no deben sumarse automáticamente para establecer un aumento uniforme del 60% en todas las facturas, permiten observar la magnitud del encarecimiento del servicio y la pérdida de alcance de la bonificación.
Para las familias de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, el problema se refleja directamente en las boletas y en la necesidad de destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de un servicio indispensable. En una provincia con temperaturas bajas durante buena parte del año, el gas no representa un consumo prescindible, sino una necesidad básica para mantener condiciones adecuadas de calefacción y habitabilidad. Por eso, cada modificación tarifaria tiene una incidencia directa sobre la economía doméstica.
A esta situación se suma un contexto económico complejo, marcado por la pérdida de puestos de trabajo industriales, la caída del consumo y las dificultades que atraviesan numerosos trabajadores y comerciantes fueguinos.
La comparación de las facturas con las de diciembre de 2025 permitirá dimensionar el impacto total de los cambios para cada categoría residencial y nivel de consumo. Lo cierto es que los aumentos sucesivos y la reducción del alcance efectivo de Zona Fría configuran un escenario de mayores costos y menor protección para los usuarios.
Mientras el Gobierno nacional avanza con su esquema de actualización tarifaria, las familias fueguinas deben afrontar facturas cada vez más elevadas por un servicio esencial. El debate sobre el 50% de descuento pierde relevancia frente a una realidad concreta: mantener el porcentaje de una bonificación no garantiza pagar menos cuando se modifica la base sobre la que se aplica y, al mismo tiempo, aumentan las tarifas.
