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La intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay desató una crisis financiera que mantiene en vilo a millones de ahorristas. La entidad, considerada una de las más importantes del país, también administraba fondos del Estado, del sistema previsional y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). La situación provocó restricciones para acceder al dinero depositado y abrió un conflicto político que involucra al presidente Santiago Peña.
El Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank luego de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación local. La decisión generó preocupación entre los clientes y reavivó los temores sobre la estabilidad de otras entidades financieras.
Como consecuencia de la crisis, el presidente paraguayo, Santiago Peña, solicitó la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y anunció que acordó con las autoridades de ambas cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley para utilizar los Fondos de Garantía y comenzar a devolver los depósitos.
“He pedido la renuncia del titular del BCP, además, acordamos con los titulares de ambas cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autorice el uso de Fondos de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas. Insto a los legisladores a aprobarlo con toda celeridad”, escribió Peña en la red social X.
La decisión también generó cuestionamientos políticos debido a los antecedentes de vinculación entre las autoridades y la entidad. Peña fue accionista de Ueno Holding hasta 2025, mientras que Carvallo, quien estaba al frente del Banco Central, había sido directivo del grupo financiero. Frente a esta situación, representantes de la oposición anunciaron que impulsarán un juicio político contra el mandatario por presunto mal desempeño de sus funciones.
La intervención se encuadra en la Ley 2.334/03, que regula la garantía de depósitos y los procedimientos de resolución de entidades financieras. En este marco, la Superintendencia de Bancos deberá designar interventores para verificar la situación patrimonial de la institución y determinar los próximos pasos.
Uno de los principales interrogantes es qué sucederá con los ahorros de los clientes. El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes, unos 38.300 dólares. Para quienes tengan depósitos superiores a ese monto, el Banco Central aseguró que buscará ofrecer la mayor protección posible.
La preocupación también alcanza a los jubilados y al sistema previsional paraguayo, debido a que Ueno Bank mantenía depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS), además de fondos correspondientes a distintas carteras del Gobierno. A esto se suma la presencia de recursos de la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, entre los fondos vinculados a la entidad.
La decisión de intervenir el banco se produjo pocos días después de que se anunciara un plan de capitalización por 100 millones de dólares. Hasta septiembre, Ueno Bank registraba depósitos por 2.836 millones de dólares, aunque había experimentado una reducción de 95 millones en los fondos de sus clientes.
La situación provocó dificultades para operar. Los usuarios intentaron ingresar masivamente a la aplicación bancaria para consultar sus saldos y acceder a sus ahorros, pero no pudieron visualizar la información. Quienes se acercaron a las sucursales tampoco obtuvieron respuestas ni pudieron retirar su dinero. Los cajeros automáticos dejaron de permitir extracciones de efectivo.
Además, la Dirección General de Administración y Finanzas de la Corte Suprema de Justicia informó que quedaron suspendidos los cobros de tasas a través de Ueno Bank.
Ante el escenario, el BCP comunicó que los depositantes recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos 1.675 dólares. Si ese monto no alcanza para cubrir la totalidad de los fondos, el saldo restante será devuelto de acuerdo con un calendario de pagos.
Ueno Bank había comenzado a operar en Paraguay en diciembre de 2023, con un modelo enfocado en plataformas digitales, servicios fintech e inclusión financiera. Sin embargo, la entidad ya afrontaba inspecciones del organismo regulador por presuntos préstamos irregulares a empresas vinculadas y una acelerada salida de depósitos, en medio de filtraciones sobre su situación patrimonial.
La crisis también derivó en actuaciones judiciales. El Ministerio Público de Paraguay emitió órdenes de detención contra varios ejecutivos de la entidad. Entre ellos se encuentra Mariana Torres Rubiani, quien, según la información difundida, se presentó ante una comisaría.
El episodio volvió a instalar el recuerdo de la crisis bancaria paraguaya de mayo de 1995, cuando la quiebra y el cierre de más de la mitad de los bancos del país provocaron un efecto dominó que hizo desaparecer los ahorros de miles de ciudadanos.
Aquel colapso financiero tuvo consecuencias profundas para la economía paraguaya. El costo del rescate llegó a representar hasta el 12% del Producto Bruto Interno (PBI), generó una prolongada recesión y obligó a modificar las leyes bancarias para establecer mayores mecanismos de protección frente a nuevas corridas.
Ahora, la intervención de Ueno Bank vuelve a poner en discusión la estabilidad del sistema financiero paraguayo. Mientras avanzan las medidas para determinar la situación patrimonial de la entidad, millones de clientes esperan recuperar sus depósitos, en una crisis que también compromete fondos públicos, previsionales y recursos de organismos internacionales.
