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El Senado de la Nación aprobó en general la reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el Gobierno de Javier Milei y giró el proyecto a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento. La iniciativa consiguió 42 votos a favor y 21 en contra, luego de un debate centrado en las internaciones involuntarias, el financiamiento del sistema sanitario y las modificaciones en los mecanismos de atención de personas con padecimientos mentales. El oficialismo logró reunir el acompañamiento de bloques aliados y representantes de distintas provincias tras incorporar cambios al texto original.
La aprobación en el Senado representa un avance para el Gobierno nacional en su intención de modificar la legislación vigente sobre salud mental. El proyecto introduce cambios en los criterios de intervención médica, las condiciones para disponer internaciones involuntarias y el abordaje de las adicciones, además de establecer nuevas disposiciones para la atención de niños, adolescentes y adultos.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la modificación de los requisitos para las internaciones involuntarias. El nuevo texto establece que podrán indicarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, siempre que no sea posible recurrir a otros abordajes terapéuticos.
La internación deberá continuar siendo considerada un recurso excepcional y tendrá que ser evaluada por un equipo interdisciplinario. De esta manera, la reforma busca establecer criterios específicos para intervenir ante situaciones de riesgo grave.
En cuanto a la decisión médica, el proyecto habilita a un profesional de la salud, preferentemente especialista en psiquiatría, a disponer una internación. En situaciones de emergencia, podrá hacerlo un solo médico, aunque la decisión deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas.
La propuesta también contempla la posibilidad de utilizar teleconsultas con especialistas en psiquiatría cuando resulte necesario, una alternativa que apunta a facilitar el acceso a profesionales en aquellos lugares donde no exista disponibilidad inmediata.
Otro de los cambios está relacionado con el control judicial de las internaciones. La nueva redacción establece que estas medidas deberán ser comunicadas a la Justicia, que tendrá facultades para solicitar informes, requerir peritajes e intervenir en el seguimiento de las decisiones adoptadas.
Además, se incorpora la exigencia de establecer un plan de egreso desde el momento del diagnóstico, con pautas destinadas a organizar la salida de la institución y garantizar la continuidad de los cuidados necesarios para cada paciente.
La reforma también amplía el alcance de las problemáticas contempladas dentro del abordaje de las adicciones. Entre las incorporaciones se encuentra la ludopatía, que podrá ser incluida dentro de las situaciones que requieren atención específica en el ámbito de la salud mental.
De esta manera, el proyecto busca extender las herramientas de tratamiento no solamente a personas que atraviesan consumos problemáticos de sustancias, sino también a quienes presentan conductas adictivas vinculadas con el juego y las apuestas.
En relación con los dispositivos de atención, la iniciativa mantiene la prohibición de crear manicomios y contempla distintas alternativas al modelo de internación tradicional. Entre ellas se encuentran los tratamientos ambulatorios y domiciliarios, los hospitales de día y las casas de convivencia.
El texto también incorpora disposiciones específicas para niños y adolescentes, quienes deberán recibir atención mediante equipos profesionales con formación en salud mental infantojuvenil. Asimismo, establece que durante las internaciones deberán permanecer separados de los adultos, salvo situaciones excepcionales que cuenten con la debida justificación.
Uno de los principales puntos de discusión durante el tratamiento parlamentario fue el financiamiento necesario para implementar los cambios. La iniciativa generó diferencias entre el oficialismo, sus aliados y los representantes provinciales, especialmente por las responsabilidades que podrían recaer sobre las jurisdicciones sin contar con los recursos suficientes para sostenerlas.
Para conseguir los respaldos necesarios, el Gobierno incorporó modificaciones que contemplan mecanismos de cooperación financiera entre la Nación y las provincias, además de previsiones presupuestarias destinadas a garantizar la aplicación de la normativa.
Durante el debate, el senador Gerardo Zamora cuestionó que el proyecto asigne nuevas obligaciones a las provincias sin garantizar, según su interpretación, los recursos necesarios para cumplirlas. En una postura similar, Guillermo Andrada sostuvo que las dificultades de la legislación actual no necesariamente responden a sus principios, sino a la falta de financiamiento para sostener el modelo de atención comunitaria.
Desde el oficialismo, la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, defendió la modificación al considerar que la normativa vigente resulta insuficiente para responder a determinadas situaciones clínicas. La senadora planteó la necesidad de contar con herramientas que permitan intervenir oportunamente ante escenarios de riesgo grave.
Por su parte, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respaldó el carácter excepcional de las internaciones involuntarias y sostuvo que la prevención debe ocupar un lugar central en el abordaje de la salud mental.
En términos políticos, la iniciativa consiguió el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y otros bloques provinciales. En tanto, el rechazo se concentró principalmente en el bloque Justicialista y en legisladores de otras bancadas.
Con 42 votos afirmativos y 21 negativos, el Senado dio luz verde al proyecto en general y habilitó su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde deberá continuar el debate parlamentario antes de convertirse en ley.
De esta manera, la reforma abre una nueva etapa de discusión sobre el sistema de salud mental argentino, con modificaciones que abarcan desde los criterios de internación y el control judicial hasta el tratamiento de las adicciones y la distribución de responsabilidades financieras entre Nación y provincias.
