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La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y su posterior traslado a Estados Unidos derivó en dos denuncias penales contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Gobierno nacional. Las presentaciones, radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py, solicitan investigar si existió una maniobra coordinada para facilitar el viaje del dirigente brasileño, en un contexto de restricciones judiciales impuestas en su país. Entre los señalados aparece Santiago Caputo, asesor presidencial cuya presunta participación también forma parte de los planteos.
Las presentaciones fueron impulsadas por el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, y el diputado nacional Esteban Paulón, quienes solicitaron que se investigue la eventual intervención de funcionarios argentinos en la salida de Bolsonaro del territorio nacional.
La denuncia de Solano quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la Fiscalía Federal N.º 10, a cargo de Paloma Ochoa. Por su parte, la presentación de Paulón fue sorteada inicialmente en el Juzgado Federal N.º 3, a cargo de Daniel Rafecas.
Debido a que ambas actuaciones abordan hechos similares, existe la posibilidad de que sean acumuladas en un mismo expediente.
Los denunciantes plantean que se deben esclarecer las circunstancias del ingreso de Bolsonaro a la Argentina, su posterior salida en un avión privado y la eventual intervención de organismos estatales.
Hasta el momento, las acusaciones constituyen hipótesis que deberán ser investigadas y no implican que las responsabilidades penales estén acreditadas.
La presentación de Solano solicita investigar posibles delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos.
El planteo busca determinar si el Gobierno nacional conocía las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro en Brasil y si, pese a ello, hubo omisiones o acciones deliberadas para facilitar su salida.
Uno de los puntos centrales es el funcionamiento de los controles migratorios argentinos. Según la información citada en la denuncia, Bolsonaro ingresó al país junto con su esposa y sus dos hijas a las 22.50 del martes, a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu.
A las 23.30, el grupo habría abandonado el territorio argentino a bordo de un vuelo privado de la empresa Baires Fly.
La presentación cuestiona que la salida se hubiera autorizado sin impedimentos registrados en los sistemas migratorios nacionales y solicita reconstruir qué información tenían las autoridades argentinas sobre la situación judicial del dirigente brasileño.
La denuncia presentada por Paulón amplía el listado de funcionarios señalados e incluye al presidente Javier Milei, al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al asesor presidencial Santiago Caputo.
El legislador solicitó investigar un posible encubrimiento agravado y puso el foco en tres aspectos: la organización y financiación del vuelo privado, el funcionamiento de los controles migratorios y la presunta presencia de Caputo en Puerto Iguazú.
Este último punto forma parte de las sospechas expuestas en la presentación y deberá ser corroborado mediante medidas de prueba. También se busca establecer si existieron contactos entre el asesor presidencial y funcionarios de los organismos que operan en la frontera.
Por otra parte, la referencia a Baires Fly abrió interrogantes sobre quién organizó y financió el traslado, así como sobre los posibles vínculos de la empresa con un empresario mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con los casos ANDIS y Espert.
Ninguno de estos señalamientos constituye, por sí mismo, una comprobación judicial de la existencia de un operativo clandestino.
La secuencia del viaje es uno de los principales puntos que las presentaciones buscan esclarecer. De acuerdo con los datos difundidos sobre el movimiento migratorio, Bolsonaro y su familia ingresaron a la Argentina por el paso fronterizo entre Puerto Iguazú y Foz do Iguaçu y, aproximadamente 40 minutos después, partieron en un vuelo privado.
Los denunciantes solicitaron determinar si las autoridades argentinas contaban con información sobre las restricciones judiciales dispuestas en Brasil y si existió alguna coordinación entre organismos nacionales para permitir el traslado.
También buscan establecer qué intervención tuvieron las fuerzas federales, las autoridades migratorias y otras dependencias estatales durante la permanencia del dirigente brasileño en el país.
Desde el Gobierno argentino se informó que Bolsonaro y su familia ingresaron con documentación de viaje válida y sin impedimentos legales registrados en los sistemas migratorios nacionales.
Ese argumento deberá ser considerado junto con los elementos que puedan incorporarse a la investigación para determinar si existieron irregularidades en los controles o si los funcionarios actuaron conforme a los procedimientos vigentes.
Las denuncias solicitan reconstruir la ruta de salida, establecer quiénes participaron en la organización del traslado y verificar si hubo acciones u omisiones deliberadas por parte de funcionarios públicos.
La investigación judicial deberá determinar si los hechos denunciados configuran algún delito y, en ese caso, establecer las eventuales responsabilidades individuales. Por ahora, no existe una determinación judicial que confirme la existencia de un operativo clandestino ni la responsabilidad penal de los funcionarios mencionados.
