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La compra y venta de vehículos usados enfrenta nuevos cuestionamientos por la aparición de multas de tránsito que no figuraban en los informes originales y que se incorporan tiempo después de concretar una transferencia. La Cámara del Comercio Automotor (CCA) alertó sobre las inconsistencias del sistema de información y reclamó modificaciones para garantizar mayor previsibilidad a compradores y vendedores.
La eliminación de los convenios que el Ministerio de Justicia mantenía con las provincias, dispuesta en octubre de 2024, modificó el sistema de control de las deudas asociadas a los vehículos. A partir de esa decisión, dejó de ser obligatorio cancelar determinadas obligaciones para concretar una transferencia, lo que habilita la venta de automotores con deudas pendientes de patentes, sellados y multas de tránsito.
La situación generó preocupación en la Cámara del Comercio Automotor (CCA), que advirtió sobre las dificultades para verificar los antecedentes de los vehículos y la falta de certezas que esto genera en las operaciones comerciales.
Tras la caída del mecanismo de intercambio de información entre Nación y las provincias, distintas jurisdicciones impulsaron el Sistema Unificado de Administraciones Tributarias Subnacionales (SUATS), mediante el cual remiten a los registros automotores información sobre infracciones y obligaciones tributarias.
Sin embargo, según la CCA, los informes emitidos por esta plataforma no siempre incluyen todas las multas existentes. Esto provoca que un vehículo pueda registrar determinadas infracciones al momento de solicitar un informe y que, semanas o meses después, aparezcan otras sanciones anteriores que no habían sido incorporadas inicialmente.
El secretario de la Cámara del Comercio Automotor, Alejandro Lamas, cuestionó el funcionamiento del sistema y advirtió sobre las consecuencias que puede tener para quienes compran vehículos usados.
“Se necesita tener un sistema que informe y que dé certeza. Cuando se pide un informe hoy aparecen una cantidad determinada de infracciones cuando se vende un auto. Por ejemplo, pueden aparecer 4 o 5 infracciones. Dentro de un tiempo, puede ser en 8 meses, una semana o un mes, pueden aparecer infracciones anteriores a la fecha que se había pedido el informe anterior”, afirmó.
En ese sentido, el representante de la entidad sostuvo que las inconsistencias afectan la seguridad jurídica de las operaciones y señaló que existen casos de deudas de montos elevados que no figuraban en los reportes iniciales.
“Tenemos casos en donde han aparecido hasta $20 millones de infracciones que no habían cargado. Es una locura”, expresó Lamas.
Para la Cámara, estas situaciones ponen en discusión la utilidad de los informes de deuda, ya que no ofrecen garantías suficientes de que la información refleje la totalidad de las infracciones correspondientes al vehículo al momento de la consulta.
Frente a este escenario, la CCA propone establecer reglas más estrictas para la incorporación de multas y la emisión de informes. El principal planteo consiste en impedir la carga retroactiva de infracciones antiguas y establecer un plazo máximo de 30 días desde la generación de una multa para que sea incorporada al sistema.
La entidad también propone que los organismos adheridos al SUATS no puedan cargar infracciones con más de 30 días de antigüedad respecto de la fecha de incorporación y que los certificados incluyan aclaraciones expresas sobre las obligaciones que todavía no hayan sido registradas.
Lamas explicó que el objetivo es que la información disponible al momento de solicitar un informe permita conocer con mayor certeza la situación del vehículo.
“Lo que estamos pidiendo desde la Cámara es cuando se emita un informe de infracciones, se corte en ese momento lo que sea la carga anterior a esa fecha o establecer un plazo que puede ser de 30 días para atrás, no más. Con lo cual, si no se cargaron todas las infracciones a ese momento cuando se pide el informe, quedan descartadas”, sostuvo.
El dirigente consideró que no resulta razonable que una persona consulte las deudas de un vehículo y que, posteriormente, aparezcan obligaciones anteriores que no estaban incluidas en el documento original.
“No puede haber un sistema que dice hoy se debe tanto y días después aparece una deuda mayor. Eso es inadmisible”, remarcó.
Además, planteó como alternativa de fondo que las infracciones estén vinculadas al DNI del titular y no al vehículo en sí, aunque reconoció que esa modificación requeriría cambios más complejos.
Desde la Cámara sostienen que las modificaciones propuestas permitirían mantener la función de las multas como herramienta para mejorar la seguridad vial y, al mismo tiempo, brindar mayor previsibilidad a las operaciones de compraventa.
El objetivo es evitar que compradores y vendedores queden expuestos a obligaciones que no pudieron conocer al momento de realizar la operación, debido a las demoras o inconsistencias en los registros.
En ese marco, representantes de la CCA mantuvieron una reunión el 22 de septiembre de 2026 con Germán Krivocapich, presidente del SUATS y titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el encuentro, los representantes del sector expusieron la problemática y presentaron un caso testigo para demostrar las fallas detectadas en el sistema.
No obstante, según informó la entidad, hasta el momento no recibieron una respuesta formal. Durante esa reunión, el funcionario indicó que se encontraba bajo análisis la posibilidad de avanzar en un acuerdo entre el SUATS y la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor.
Mientras tanto, la Cámara insiste en la necesidad de establecer criterios claros para la carga de infracciones y la emisión de certificados, con el propósito de evitar que las deudas antiguas aparezcan después de concretar una transferencia y generen nuevos conflictos para quienes participan en el mercado automotor.
