19640 Noticias
La Cámara de Diputados de la Nación celebrará este miércoles 21 de octubre una sesión especial con una agenda que incluye iniciativas vinculadas con la propiedad privada, el sistema de discapacidad, la morosidad familiar, los delitos en establecimientos rurales y el control de medicamentos de alto riesgo.
El temario contempla proyectos con diferencias entre el oficialismo y la oposición, así como una iniciativa que cuenta con dictamen unánime para fortalecer la trazabilidad de medicamentos, a partir de las consecuencias sanitarias del caso del fentanilo contaminado.
Inviolabilidad de la propiedad privada y cambios en la Ley de Tierras
Uno de los principales temas de la sesión será el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que llega a Diputados con media sanción del Senado y contempla modificaciones a las leyes de Expropiaciones, Desalojos y Regularización Dominial, además de cambios vinculados con la Ley de Tierras Rurales.
La iniciativa propone acortar los plazos judiciales para recuperar inmuebles usurpados y establece que, ante determinados casos, un juez podrá disponer la entrega inmediata de una propiedad, previa solicitud del titular y acreditación documental de su derecho.
En los casos de desalojos por falta de pago, el proyecto contempla un plazo mínimo de 10 días para regularizar las deudas luego de la intimación correspondiente. También incorpora un protocolo de vulnerabilidad para situaciones en las que estén involucrados menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.
En materia de expropiaciones, el dictamen fija un límite del 30% de indemnización por lucro cesante, siempre que esté debidamente acreditado.
Respecto de las tierras rurales, el debate incluye la discusión sobre los límites a la extranjerización, con topes del 30% de titularidad extranjera y restricciones específicas para zonas núcleo, espejos de agua y áreas de frontera.
Ley de Discapacidad: beneficios permanentes y diferencias con la oposición
Otro de los proyectos centrales es la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, impulsada por el oficialismo y sus aliados.
La iniciativa busca convertir en permanentes distintos beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, en lugar de mantenerlos bajo un régimen temporal.
Entre sus principales puntos, establece la compatibilidad entre una pensión contributiva por discapacidad y el empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También mantiene el nomenclador único de prestaciones, prevé la actualización periódica de aranceles según el índice de movilidad jubilatoria y garantiza la cobertura básica de salud del programa Incluir Salud para titulares de pensiones por discapacidad.
El proyecto incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información de organismos públicos y establece un plazo máximo de 30 días para reglamentar un cronograma de pago de compensaciones atrasadas a prestadores.
La oposición, por su parte, impulsa la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Sus representantes advierten que la propuesta oficialista no garantiza suficientemente el financiamiento del sistema, el pago de las deudas con prestadores ni la continuidad de las pensiones en las condiciones actuales.
Endeudamiento familiar: dos propuestas en discusión
La sesión también incluirá iniciativas para abordar la morosidad y el endeudamiento de las familias.
El proyecto del oficialismo, denominado Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores, pone el foco en mejorar la información que reciben los usuarios sobre sus créditos, facilitar la precancelación de deudas y garantizar el acceso gratuito al perfil de riesgo dentro de entidades financieras y plataformas.
La propuesta busca reforzar la transparencia de las operaciones, especialmente en los créditos de corto plazo, que suelen presentar tasas de interés más elevadas. Sin embargo, no establece tasas máximas ni un régimen específico de refinanciación para deudores críticos.
En contraposición, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica promueven un proyecto de regularización y alivio financiero, que declara la emergencia por 180 días y propone planes de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con atrasos superiores a 60 días y deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2.
Esta alternativa establece que las cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos del deudor, contempla la condonación total de los intereses punitorios y propone límites a los intereses compensatorios.
Trazabilidad de medicamentos de alto riesgo tras la crisis del fentanilo
Uno de los proyectos que cuenta con dictamen unánime busca crear el Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud (SNATECS), con especial atención a los medicamentos de alto riesgo.
La iniciativa surgió tras la crisis sanitaria provocada por el fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que, según los datos consignados en el proyecto, causó al menos 90 muertes y afectó a otras 44 personas.
El texto establece la trazabilidad obligatoria y en tiempo real de medicamentos inyectables y sus materias primas, con registros digitales desde la importación y producción hasta la distribución y administración al paciente.
Además, prevé la notificación inmediata de eventos adversos graves, brotes infecciosos intrahospitalarios y sospechas de contaminación. Ante una situación crítica, las autoridades nacionales, provinciales y la ANMAT deberán ser notificadas dentro de las 24 horas.
El sistema también contempla el bloqueo preventivo de lotes sospechosos en un plazo máximo de seis horas, junto con sanciones que pueden incluir multas, suspensiones, clausuras y decomisos por incumplimientos graves.
Vandalismo rural: penas de hasta ocho años de prisión
El último de los proyectos detallados propone incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal, con el objetivo de sancionar intrusiones ilegales y daños contra la producción agropecuaria.
Impulsada por el PRO y respaldada por La Libertad Avanza, la UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales, la iniciativa establece penas de un mes a un año de prisión para quienes ingresen a establecimientos rurales contra la voluntad de sus titulares o de quienes tengan derecho a excluirlos.
En los casos de destrucción o daño del ciclo productivo, las materias primas, la infraestructura agropecuaria o los cultivos almacenados y sin cosechar, las sanciones previstas van de dos a ocho años de prisión, además de multas que pueden alcanzar hasta 12 veces el valor del daño.
El proyecto apunta a incorporar herramientas penales específicas para proteger los establecimientos rurales y la actividad agropecuaria frente a hechos de intrusión y destrucción.
La sesión de este miércoles reunirá así iniciativas de impacto económico, social, sanitario y productivo, con diferencias entre el oficialismo y la oposición en varios de los temas centrales del temario.
