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El asesor presidencial Santiago Caputo cuestionó el sistema de pensiones por invalidez y afirmó que “aproximadamente el 60% son truchas”. A través de su cuenta en la red social X, atribuyó las supuestas irregularidades a certificados emitidos por motivos políticos, aunque en las declaraciones difundidas no detalló la fuente ni la metodología utilizada para calcular ese porcentaje.
“Certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política”, sostuvo. También aseguró que Argentina tiene más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra, sin precisar qué país tomó como referencia para esa comparación.
Caputo apuntó además contra el Congreso y sostuvo que obstaculiza los intentos del Ejecutivo de dar de baja prestaciones que considera fraudulentas. “Mientras el gobierno viene intentando dar de baja esas pensiones truchas, el Congreso insiste no solo en obstaculizar esto sino que pretenden duplicar las pensiones existentes”, expresó.
El asesor vinculó esas presuntas irregularidades con las dificultades en la atención de las personas con discapacidad. Argumentó que los recursos son limitados y calificó las prestaciones para quienes necesitan asistencia como “un desastre”. En el cierre de su publicación, definió el sistema como “una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años”.
Las declaraciones se conocen luego de que el Gobierno nacional remitiera al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez. La iniciativa busca establecer mecanismos para prevenir, detectar y sancionar irregularidades, además de revisar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral.
El pronunciamiento también se produjo tras conocerse una denuncia contra Romina Uhrig, exdiputada y exparticipante de Gran Hermano, relacionada con un certificado de discapacidad que habría sido emitido en 2018, cuando Walter Festa era intendente de Moreno, y tendría vencimiento en 2028. La información aportada no precisa si Uhrig cobra una pensión por invalidez ni permite establecer que la emisión del certificado haya sido irregular.
