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El avance del contrabando, el comercio ilícito y la subfacturación volvió a poner en discusión el impacto de la ola importadora sobre la producción y el empleo registrado en Argentina. Según datos de la consultora MAP, la destrucción de puestos de trabajo formales en los sectores productivos afectados se acerca a los 12.000 empleos.
El fenómeno no solo repercute sobre la actividad industrial y comercial, sino también sobre la recaudación tributaria, debido a la pérdida de ingresos vinculada con aranceles, IVA e impuestos internos. Entre los rubros analizados aparecen celulares, textiles, indumentaria, calzado, juguetes, neumáticos, alimentos y bebidas, entre otros.
El análisis de MAP contempla 15 sectores productivos expuestos tanto al contrabando directo como a mecanismos de subfacturación.
Entre los rubros identificados como más vulnerables se encuentran:
El impacto combina diferentes modalidades de ingreso y comercialización irregular, desde el contrabando directo hasta la declaración de valores inferiores a los reales para reducir las cargas tributarias.
Uno de los principales efectos señalados por el informe está relacionado con el mercado laboral registrado. De acuerdo con las estimaciones citadas, los sectores productivos alcanzados por esta problemática acumulan una destrucción de casi 12.000 puestos de trabajo formales.
La pérdida de empleos se suma al impacto sobre empresas que operan dentro del circuito formal y deben competir con productos que, según el informe, ingresan al mercado sin afrontar los mismos costos tributarios y regulatorios.
De esta manera, el fenómeno trasciende la discusión sobre el origen de los productos y alcanza directamente a la producción nacional, el comercio formal y el empleo registrado.
El avance del comercio ilegal también genera un impacto sobre las cuentas públicas, principalmente por los recursos que dejan de recaudarse a través de aranceles, IVA e impuestos internos. Para dimensionar esa pérdida, el informe sostiene que la masa de recursos erosionada sería equivalente a lo necesario para financiar la construcción de aproximadamente 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.
En términos de la estructura tributaria, la estimación presentada equivale a cerca del 45% de la recaudación por retenciones a las exportaciones o al 25% de lo recaudado por el impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque.
Entre los diferentes rubros analizados, los teléfonos celulares aparecen como uno de los principales casos de penetración del mercado ilegal. Según estimaciones sectoriales citadas en el informe, los equipos ingresados por canales informales representarían alrededor del 35% de las ventas anuales, lo que equivaldría aproximadamente a uno de cada tres celulares comercializados.
El circuito estaría impulsado por una combinación de diferencias de precios, demanda de los consumidores y redes de distribución que permiten que los equipos lleguen desde zonas fronterizas hacia los principales centros urbanos.
El informe ubica a Paraguay como uno de los principales puntos de adquisición de estos productos y menciona el ingreso por pasos no autorizados y su posterior traslado hacia diferentes provincias.
Entre las zonas señaladas aparece el noreste argentino, particularmente el área de la Triple Frontera, desde donde la mercadería sería trasladada hacia otros puntos del país.
Según el relevamiento, una vez que los equipos ingresan al país se incorporan a redes de distribución que permiten su llegada a diferentes mercados provinciales. El circuito puede incluir cruces terrestres y fluviales, además de mecanismos para ocultar la mercadería en vehículos o entre las pertenencias de quienes realizan los traslados.
De acuerdo con el informe, la escala de estas operaciones permite que el fenómeno no quede limitado a las localidades ubicadas en las zonas fronterizas, sino que alcance mercados ubicados a cientos o miles de kilómetros de los puntos de ingreso.
Uno de los factores centrales que explicaría la expansión del mercado informal es la brecha de precios entre los productos comercializados a través de canales formales y aquellos ofrecidos en el circuito ilegal. En el caso de los celulares, la diferencia estimada se ubica entre 30% y 35%, aunque puede alcanzar alrededor del 40% en determinados modelos de alta gama.
Esta brecha constituye uno de los principales incentivos para los consumidores y, al mismo tiempo, uno de los factores que dificultan la competencia de los comercios que operan dentro del circuito formal.
El mercado de teléfonos móviles atraviesa además cambios en materia de comercio exterior. Desde enero de 2026, los celulares importados cuentan con arancel de importación cero, una medida que el Gobierno presentó como una herramienta destinada a ampliar la oferta y contribuir a reducir los precios para los consumidores.
El nuevo esquema abre así otro escenario para el mercado formal de dispositivos tecnológicos, en un contexto en el que el contrabando y la comercialización informal continúan representando un desafío para el sector.
La evolución de los precios, el comportamiento de la demanda y la capacidad de control sobre el ingreso de mercadería serán algunos de los factores que determinarán cómo impactará esta nueva configuración sobre el comercio formal y los productos de origen ilegal.
El informe plantea que el fenómeno no debe analizarse únicamente desde la perspectiva del ingreso irregular de mercadería. La combinación de contrabando, subfacturación, pérdida de recaudación y destrucción de empleo formal configura un escenario que afecta simultáneamente a las empresas que cumplen con sus obligaciones, a los trabajadores registrados y a las cuentas públicas.
Con casi 12.000 puestos de trabajo formales afectados, según la estimación citada, el avance del comercio ilegal se posiciona como uno de los desafíos para los sectores productivos que buscan sostener su actividad en un mercado atravesado por una creciente competencia de productos importados.
