19640 Noticias
El presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Daniel González, se refirió al conflicto en torno al Puerto de Ushuaia y sostuvo que el sector privado no tiene herramientas para intervenir en una disputa que, según planteó, debe resolverse entre Provincia y Nación. También destacó el impacto de la actividad turística sobre el empleo.
El conflicto en torno al Puerto de Ushuaia volvió a formar parte de la agenda de la Cámara de Comercio. En diálogo con Radio Provincia, su presidente, Daniel González, explicó la posición del sector privado y sostuvo que los comerciantes son usuarios del puerto, pero no tienen capacidad de decisión sobre su funcionamiento: “Nosotros, como lo dijimos públicamente, el tema del puerto nos preocupa y nos ha ocupado en varias oportunidades, incluso antes de la intervención”, señaló González.
El dirigente explicó que el comercio en general no utiliza directamente el puerto, aunque reconoció el impacto que tiene la actividad vinculada a los cruceros sobre distintos sectores de la economía local: “Si el sector turístico, de forma directa, por una cuestión lógica, los cruceros antárticos de todas las temporadas generan un movimiento comercial”, explicó.
En ese marco, González recordó que la Cámara había trabajado previamente sobre la posibilidad de aprovechar el puerto para el ingreso de mercadería: “¿Por qué no utilizamos el puerto si es el flete más barato del mundo?”, planteó.
Según explicó, la llegada de un buque portacontenedores permite concentrar una cantidad de cargas que, trasladadas por vía terrestre, implicarían un movimiento considerable de camiones.
Sin embargo, el dirigente marcó una diferencia entre la participación del sector privado como usuario y las decisiones políticas relacionadas con el puerto: “Nosotros como privados somos usuarios, no tenemos competencia ni del lado de la elección provincial de puerto, ni del lado de la ANPIM. No tenemos ninguna injerencia como sector privado porque somos usuarios”, afirmó.
En cuanto a la intervención del puerto, González consideró que se trata de una decisión vinculada a Provincia y Nación: “Políticamente, desde ya que la decisión de intervenir el puerto, no tengo duda que fue política, entre provincia y nación”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que el sector privado no debería quedar incorporado a esa disputa porque, según explicó, no cuenta con herramientas para resolverla: “Nosotros entendemos que esto se resuelve de un segundo al otro entre la provincia y entre nación, no con el sector privado”, afirmó.
González también señaló que el sector comercial termina siendo afectado por el conflicto, aunque no tenga capacidad de decisión: “Somos los más perjudicados de esta situación, de esta pelea entre la provincia y la nación”, sostuvo.
Respecto del impacto laboral, el presidente de la Cámara de Comercio mencionó la situación de 140 trabajadores vinculados al puerto que, según indicó, desconocen qué sucederá con sus puestos de trabajo.
Al mismo tiempo, destacó la importancia de la actividad turística y su impacto sobre el empleo en Ushuaia: “Todo lo que es el sector turístico que genera muchos puestos de trabajo que también derraman, y son más de 2.000 puestos directos e indirectos, deben ser arriba de 7.000, 8.000 puestos”, señaló.
González remarcó que desde la Cámara existe interés en que tanto los trabajadores portuarios como los vinculados al turismo puedan sostener sus fuentes laborales, aunque insistió en que el sector privado no tiene competencia para resolver la disputa: “Nos encantaría que estos estén bien y que el puesto de trabajo esté asegurado para todos, pero lo que vemos es, o lo que evaluamos, que no tenemos herramientas como para resolver el problema, porque somos usuarios”, sostuvo.
Finalmente, cuestionó que desde distintos sectores se intente incorporar a la Cámara de Comercio a una discusión que, según su posición, corresponde resolver a las autoridades provinciales y nacionales: “La verdad que hay un trabajo mediático que nos quiere incluir dentro de esa discusión”, afirmó González, y reiteró que la Cámara no tiene competencia ni capacidad de decisión sobre el conflicto portuario.
