19640 Noticias
Ante las recientes declaraciones emitidas por sectores gremiales que pretenden desviar el foco del debate mediante ataques personales a la figura de nuestro presidente, el Dr. Renán Uribe, quienes suscriben - integrantes del Colegio Público de Abogados de Río Grande - expresan su más firme rechazo a dichos agravios y ratifican de manera unánime el rumbo de su gestión.
Atacar la investidura de quien representa legítimamente a los matriculados de esta ciudad no es más que una falacia argumentativa que busca esconder una realidad innegable: el servicio de justicia en la provincia atraviesa una parálisis grave e insostenible.
Nuestra institución no cuestiona la legitimidad de los reclamos salariales de los trabajadores judiciales. Sin embargo, rechazamos categóricamente que la variable de ajuste de dichos conflictos sea el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder a la tutela judicial efectiva, afectando de manera directa cuestiones urgentes de los distintos fueros (familia, civil y comercial, penal y laboral).
Las argucias referidas a la regulación de los honorarios profesionales demuestran un profundo desconocimiento del ejercicio liberal de la abogacía. El honorario no es un privilegio: es la retribución alimentaria de profesionales independientes que, a diferencia de los empleados estatales, no cuentan con estabilidad laboral, aguinaldos ni licencias pagas, y cuyos ingresos dependen exclusivamente de un sistema judicial que funcione con razonable celeridad.
Exigir que los tribunales se mantengan abiertos y operativos no es un ataque a los trabajadores; es una obligación legal y ética en defensa de la comunidad a la que nos debemos.
Instamos nuevamente al Superior Tribunal de Justicia y a las entidades gremiales a dirimir sus diferencias en el ámbito paritario, garantizando de manera efectiva - y no meramente formal - la continuidad de un servicio esencial para toda la sociedad de Tierra del Fuego.
