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La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y el Sindicato de Empleados de la Justicia Provincial (SEJUP) difundieron un comunicado en el que cuestionaron las recientes declaraciones públicas del presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande, Dr. Renán Uribe, en relación con las medidas de fuerza que llevan adelante los trabajadores judiciales.
Las organizaciones gremiales rechazaron particularmente la posibilidad de aplicar consecuencias económicas a los trabajadores por los días de paro y defendieron el ejercicio del derecho de huelga, al tiempo que ratificaron la continuidad de su reclamo por una recomposición salarial.
En un comunicado conjunto, las comisiones directivas de UEJN y SEJUP expresaron su “profunda inquietud” por las manifestaciones públicas realizadas por Renán Uribe durante un streaming, donde, según señalaron los gremios, se refirió al impacto de las medidas de fuerza sobre la tramitación de causas judiciales y mencionó posibles herramientas a disposición del Superior Tribunal de Justicia.
Entre las alternativas mencionadas, de acuerdo con el comunicado sindical, se habría planteado la posibilidad de aplicar descuentos por los días de paro o la quita del presentismo.
Los gremios consideraron especialmente cuestionable esa postura y sostuvieron que el derecho de huelga constituye un derecho constitucional de los trabajadores. Al mismo tiempo, remarcaron que comprenden las dificultades que las medidas de fuerza pueden generar en el funcionamiento cotidiano del servicio de justicia.
UEJN y SEJUP vincularon las medidas de fuerza con un conflicto salarial que, según indicaron, lleva varios meses sin una solución definitiva. En ese sentido, sostuvieron que los trabajadores judiciales afrontan tareas que requieren responsabilidad, capacitación y experiencia, pero que, según la posición expresada por las organizaciones, sus remuneraciones no reflejarían adecuadamente esas condiciones.
Los gremios también hicieron referencia a la evolución del IUS, unidad utilizada para la determinación de los honorarios profesionales de los abogados. Según plantearon, la evolución de esa unidad habría sido superior a la recomposición salarial recibida por parte de los trabajadores judiciales.
A partir de esa comparación, las organizaciones sindicales formularon una pregunta dirigida al titular del Colegio de Abogados respecto de si estaría dispuesto a que el valor utilizado para regular sus honorarios evolucionara en una proporción equivalente a la registrada por los salarios de las categorías iniciales del Poder Judicial.
Otro de los puntos centrales del comunicado fue la aclaración de que las medidas de fuerza no implicarían, según los gremios, el abandono de las situaciones que requieren una respuesta judicial urgente.
UEJN y SEJUP aseguraron que, durante el conflicto, los trabajadores mantienen guardias mínimas para atender asuntos impostergables, por lo que rechazaron que las medidas puedan ser caracterizadas como una paralización indiscriminada del servicio de justicia: "Jurídicamente con los Colegios de Abogados, aun durante el desarrollo del conflicto, las y los trabajadores judiciales sostienen las guardias mínimas necesarias para garantizar la atención de los asuntos urgentes”, señalaron las organizaciones.
En otro tramo del documento, los gremios reivindicaron el diálogo institucional que, según afirmaron, mantuvieron históricamente con los Colegios de Abogados de Río Grande y Ushuaia. Como antecedente, mencionaron el proceso relacionado con la ampliación de la disponibilidad horaria del sistema de gestión electrónica SAE Kayen. Según UEJN y SEJUP, las organizaciones sindicales acompañaron el pedido de los Colegios y prestaron conformidad para avanzar hacia una disponibilidad prácticamente integral del sistema.
Los gremios utilizaron ese antecedente para sostener que han procurado contemplar las necesidades de otros actores vinculados al sistema judicial, incluso durante situaciones que podían generar diferencias entre las partes.
Finalmente, UEJN y SEJUP señalaron que durante septiembre adoptaron medidas que calificaron como de “prudencia y responsabilidad”, incluyendo la suspensión y postergación de acciones mientras aguardaban respuestas del Superior Tribunal de Justicia.
Según expresaron, ante la falta de una respuesta concreta, resolvieron dar continuidad al plan de lucha mediante las distintas acciones gremiales que habían definido previamente. El reclamo, indicaron, continúa centrado en obtener una “recomposición salarial real”, acorde con la responsabilidad, capacitación, antigüedad y funciones de los trabajadores del Poder Judicial.
El comunicado concluye con una ratificación de la unidad entre ambas organizaciones sindicales y de la continuidad de sus acciones en el marco del conflicto salarial.
