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La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, en medio de la disputa con Argentina por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
La medida cuenta con el respaldo del Reino Unido y permitirá que las compañías que ya poseen permisos continúen con sus actividades de exploración y explotación durante ese período. Además, las licencias podrán extenderse por otros dos años, siempre que las empresas cumplan con los programas de trabajo establecidos.
La decisión fue comunicada por las autoridades de las islas y alcanza a las licencias vigentes para actividades petroleras. Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales, sostuvo que la extensión permitirá brindar mayor seguridad a los operadores para continuar con sus inversiones.
“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar”, afirmó.
La decisión se produce mientras el Gobierno argentino intensifica sus acciones contra las compañías que desarrollan actividades hidrocarburíferas en la zona sin autorización nacional.
Uno de los proyectos alcanzados por la disputa es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago.
La iniciativa está encabezada por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La primera compañía posee una participación del 65%, mientras que la segunda controla el 35% restante.
Según el material informado, las empresas tienen previsto comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028, con una producción proyectada de 50.000 barriles diarios.
Sin embargo, el avance del proyecto enfrenta también una medida judicial en Argentina. La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion.
La resolución surgió a partir de una presentación realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.
Además de Navitas y Rockhopper, cuentan con permisos exploratorios en la zona las empresas británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited, junto con la canadiense JHI. En paralelo, la administración isleña autorizó que una subsidiaria de Navitas adquiera el 65% del bloque PL001, ubicado junto a Sea Lion, a partir de un acuerdo firmado en febrero con JHI Associates.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades isleñas, la operación apunta a acelerar la evaluación y el desarrollo de ese bloque.
La explotación petrolera en las aguas que rodean las Islas Malvinas se encuentra atravesada por la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Argentina sostiene que las licencias otorgadas por la administración británica son ilegales y que cualquier actividad vinculada con la explotación de hidrocarburos en el área requiere autorización argentina.
El Reino Unido rechaza esa posición y sostiene que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación sobre las empresas que operan en las islas. A su vez, reivindica el derecho de los habitantes del archipiélago a administrar sus recursos naturales.
Argentina, por su parte, invoca entre sus argumentos la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras permanezca pendiente una solución sobre la soberanía.
De esta manera, la extensión de las licencias petroleras suma un nuevo capítulo a la disputa entre ambos países y vuelve a colocar la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur en el centro de la agenda.
