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En declaraciones a FM La Isla, el abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), Jerónimo Iraola, calificó como “histórica” la medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La resolución ordena frenar las actividades del proyecto León Marino, previsto al norte de las Islas Malvinas.
Durante la entrevista, el letrado destacó los fundamentos jurídicos y soberanos de la decisión judicial, afirmando: “El pronunciamiento representa un precedente de particular importancia para la defensa de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur, es una resolución muy robusta y sustanciosa desde lo jurídico. Estamos muy satisfechos con el resultado”.
Asimismo, detalló que la cautelar dispone que “las compañías no puedan iniciar o continuar perforaciones, obras submarinas, instalaciones portuarias ni otras actividades orientadas a la explotación comercial de hidrocarburos mientras se sustancia la cuestión de fondo y se analiza el eventual impacto ambiental asociado al emprendimiento”.
Para Iraola, el alcance de la medida reafirma la vigencia del ordenamiento jurídico argentino: “Una jueza de la Nación expresó que las empresas tienen que someterse a la legislación argentina, es un hecho de una relevancia sustantiva y un enorme hito jurídico”, sostuvo, agregando que funciona como un mensaje directo a “directores, accionistas, inversores y a quienes intervienen en el financiamiento y desarrollo del emprendimiento”.
En la siguiente etapa procesal, la causa avanzará sobre la estructura económica de las petroleras. Iraola indicó que “los demandantes deberán confeccionar oficios, realizar las notificaciones dispuestas por el juzgado y solicitar información a distintos organismos del Poder Ejecutivo nacional”, y añadió con firmeza: “Hay muchísimo por trabajar, ya nos pusimos a trabajar de manera denodada para garantizar el cumplimiento de todas estas cuestiones”.
Debido a que las empresas operan fuera del país, la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores será indispensable. Al respecto, el abogado explicó que: “Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá una intervención relevante. Cancillería deberá facilitar la comunicación de la resolución y responder los requerimientos de información que formule el Juzgado Federal de Río Grande”.
El expediente se tramita bajo la figura de una acción civil preventiva de daño ambiental y soberano. Al respecto, aclaró ante posibles unificaciones con otras actuaciones: “Son procesos distintos. Nuestra causa se tramita bajo otra materia y otro código procesal”.
Finalmente, valoró la incorporación de la Municipalidad de Río Grande al expediente: “La participación del Municipio suma de esa manera un nuevo actor institucional a una causa que, desde la perspectiva de sus impulsores, excede una controversia exclusivamente ambiental y se proyecta sobre la explotación de recursos naturales y los derechos soberanos argentinos en el Atlántico Sur”, concluyó.
