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A ocho meses del inicio de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, la trabajadora portuaria Vanina Barria volvió a reclamar respuestas por la situación de los empleados desplazados. En diálogo con FM del Pueblo, aseguró que son 89 los trabajadores afectados y 140 las familias alcanzadas por el conflicto, y pidió “recuperar la autonomía que hemos perdido”.
El inicio de una nueva temporada de cruceros en Ushuaia volvió a poner el foco sobre la situación de los trabajadores que permanecen fuera del Puerto de Ushuaia desde el comienzo de la intervención nacional. VaninaBarria cuestionó que, después de 240 días, todavía no hayan recibido explicaciones sobre los criterios utilizados para impedirles regresar a sus puestos.
“Ya llevamos ocho meses de intervención, van a ser el 21 de septiembre 240 días, y ellos siguen en la misma postura de no dar respuesta al porqué no nos han dejado ingresar”, cuestionó Barria.
La trabajadora calificó el procedimiento como “arbitrario, ilegítimo e ilegal” y explicó que los trabajadores aguardan una definición judicial sobre los amparos presentados para reclamar su reincorporación.
El reclamo tiene una dimensión laboral concreta: Barria precisó que actualmente existen 89 trabajadores desplazados y que la situación alcanza a 140 familias: “Con 140 familias y 89 trabajadores desplazados”, resumió al referirse al impacto que tuvo la medida sobre quienes desarrollaban sus tareas en la terminal portuaria.
Para Barria, la llegada de los primeros buques de la nueva temporada de cruceros profundizó la sensación de incertidumbre entre quienes permanecen fuera de las instalaciones. Mientras el puerto retoma su dinámica habitual con el movimiento de pasajeros y embarcaciones, los trabajadores desplazados continúan esperando una respuesta sobre su situación.
Uno de los puntos que la trabajadora cuestionó es que, durante estos meses, no se hayan explicado públicamente los motivos por los cuales los empleados no pueden volver a ingresar al puerto.
“Nos prohíben el ingreso a nosotros”, denunció Barria al referirse a las restricciones que afectan específicamente a los trabajadores desplazados.
Según relató, antes de la intervención existían otras condiciones para acceder a las instalaciones portuarias, mientras que actualmenteada por Barria con el manejo de los recursos generados por la terminal. La trabajadora considera que se establecieron nuevas reglas de ingreso.
La situación también fue vinculada por Barria con el manejo de los recursos generados por la terminal. La trabajadora recordó que el Puerto de Ushuaia fue administrado desde Tierra del Fuego durante décadas y sostuvo que los ingresos derivados de su actividad permanecían dentro del circuito provincial: “Un puerto generador de recursos, un puerto que ha sido administrado desde el año 92 por personal de una provincia, que los recursos han quedado en una provincia, y ahora estamos viendo cómo se están llevando todo”, afirmó.
En ese sentido, Barria planteó que el conflicto no debería analizarse únicamente desde la situación de los empleados desplazados, sino también desde la discusión sobre quién administra una infraestructura estratégica para Tierra del Fuego: “Hoy parece como que tuviéramos un Estado aparte”, expresó al describir su percepción sobre el funcionamiento actual de la terminal.
La trabajadora también rechazó que la intervención pueda ser justificada exclusivamente bajo el argumento de una supuesta modernización del puerto de personal implementada durante estos ocho meses. Según afirmó: “Que usen la palabra modernización del puerto para tapar todo lo que ellos están haciendo ahí adentro”, cuestionó.
Otro de los aspectos que puso en discusión fue la política de personal implementada durante estos ocho meses. Según afirmó, mientras trabajadores con años de trayectoria permanecen desplazados, continúan incorporándose personas y llegando trabajadores desde Buenos Aires: “Siguen contratando gente, siguen trayendo gente de Buenos Aires, cuando antes todo eso lo veníamos generando los mismos empleados del puerto”, sostuvo Barria.
A partir de esa situación, cuestionó los argumentos relacionados con la reorganización de los recursos humanos y reclamó información sobre las inversiones y obras realizadas desde el comienzo de la intervención.
La incertidumbre laboral tiene además un horizonte temporal que preocupa especialmente a los trabajadores. Barria señaló a abril como una fecha crítica frente a la posibilidad de que se complique la continuidad de los salarios de quienes permanecen fuera de sus puestos: “Abril, yo personalmente lo siento que cada día está más cerca”, reconoció.
La trabajadora relató además el caso de compañeros con décadas de trayectoria en el puerto que actualmente no pueden ingresar a las instalaciones: “Verlo despojado de su casa, porque el puerto es la casa de todos, es muy triste”, manifestó.
Para Barria, la dimensión del conflicto aspiran a ocupar cargos políticos en la provincia. Consideró que cualquier proyecto de gobierno para Tierra del Fuego algo más profundo que una disputa laboral. Considera que está en discusión el futuro de una infraestructura estratégica y el destino de los recursos que89 trabajadores denunciados como desplazados continúan a la espera de una definición sobre su futuro laboral.
Para Barria, la resolución trasciende la situación de los 89 trabajadores y se relaciona con el lugar que ocupa el Puerto de Ushuaia en la economía provincial: “El puerto es el motor de la economía de la provincia”, afirmó.
En esa línea, recordó que Tierra del Fuego tiene una condición insular que vuelve especialmente relevante la infraestructura portuaria para el movimiento económico y el desarrollo de distintas actividades: “No nos tenemos que olvidar que somos una isla”, remarcó.
Barria también trasladó el reclamo a quienes aspiran a ocupar cargos políticos en la provincia. Consideró que cualquier proyecto de gobierno para Tierra del Fuego debería definir qué posición adopta frente al futuro del puerto: “Esos candidatos que se están postulando para una futura intendencia, para un futuro cargo de legislador, de concejal, de gobernación, ¿qué provincia van a administrar sin un puerto?”, preguntó.
Y agregó: “¿Cómo van a generar recursos? ¿Cómo van a manejar la industria, el comercio, la gastronomía y el turismo?”.
Su planteo apunta a instalar el control y la autonomía sobre el Puerto de Ushuaia como parte de una discusión más amplia sobre los recursos y las herramientas de desarrollo de Tierra del Fuego.
En paralelo, Barria rechazó que la situación de los trabajadores desplazados pueda asociarse automáticamente con la existencia de irregularidades o responsabilidades penales: “Porque no hay ninguna denuncia para ninguno de nuestros compañeros sobre algún hecho ilícito”, aseguró.
La trabajadora sostuvo que esa distinción resulta necesaria para evitar que la intervención sea interpretada como una consecuencia directa de eventuales responsabilidades individuales de los empleados.
Después de 240 días de intervención, el reclamo de los trabajadores continúa concentrado en obtener una respuesta sobre su situación laboral y conocer bajo qué condiciones podrían regresar a sus puestos.
Para Barria, sin embargo, el conflicto representa algo más profundo que una disputa laboral. Considera que está en discusión el futuro de una infraestructura estratégica y el destino de los recursos que genera: “Ojalá que en la brevedad se pueda buscar una solución inmediata: primero darle solución a los trabajadores y, por ahí, recuperar la autonomía que hemos perdido”, planteó.
Hacia el final de la entrevista, Barria resumió su principal preocupación con una definición que excede a los empleados actualmente desplazados: “Lo más triste de todo esto es que estamos perdiendo un puerto, que es el futuro de mis hijos, de nuestros nietos, de las próximas generaciones que van a venir”.
